El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la expulsión de España de un súbdito rumano, y por ello ciudadano de la Unión Europea, por su amplio historial de detenciones que le convierte en "una amenaza real para la convivencia social".
La sentencia confirma la resolución previa de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid que a su vez ratificó la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de expulsar del territorio español a Vasile H.
Este hombre fue detenido en numerosas ocasiones entre 2013 y 2014 cerca de la estación de metro de Sol en posesión de documentos de identidad y tarjetas de crédito presuntamente robadas.
Nunca fue condenado por ninguno de estos delitos, motivo por el cual el tribunal no ha entrado a valorar "ningún reproche penal" y basa su decisión en que su conducta es "contraria al orden público" ya que supone "una amenaza real para la convivencia social".
Los magistrados sí han considerado que la Policía ha tenido que abrir más de 40 expedientes administrativos a Vasile H. por su actividad delictiva cerca de la estación de metro de la Puerta del Sol, así como en otros lugares de gran afluencia de público y, especialmente, de turistas.
En concreto, entre 2013 y 2014, el condenado fue detenido en numerosas ocasiones en posesión de múltiples documentos de identidad, tanto españoles como extranjeros, teléfonos móviles, tarjetas sanitarias, billetes avión y pasaportes de diez países distintos.
También le sorprendieron apropiándose de fondos a los que tuvo acceso gracias al uso de tarjetas de crédito a nombre de terceros, así como con dinero en metálico y billetes de distintos países.
Entre sus víctimas, continúa la sentencia, se encuentran principalmente turistas, cuyo desconocimiento de la ciudad y los trámites administrativos dificultan en gran medida la comunicación de los hechos a las fuerzas de seguridad.
El abogado de Vasile recurrió su expulsión esgrimiendo la normativa de extranjería de la UE, que permite el libre tránsito de ciudadanos, y la ausencia de antecedentes penales, aunque sí policiales, pero que estos, en ningún caso, son causa suficiente para justificar su expulsión.