El juicio por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' se reanuda este viernes con el comienzo de la declaración de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia que abrirá previsiblemente el que fuera presidente de la caja madrileña entre 1996 y 2010, Miguel Blesa.
Se trata de la tercera sesión, que comenzará con el dictamen del tribunal que preside Ángela Murillo sobre las cuestiones previas tratadas el lunes y el martes y en las que tanto la defensa de los encausados, como la Fiscalía y las acusaciones presentaron sus alegaciones.
Ahora le toca el turno a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, al que fuera director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, y a otros 62 exaltos cargos procedentes de partidos políticos como el PP, PSOE e IU de los sindicatos de CC.OO y UGT, y de la patronal CEOE y CEIM.
Durante el interrogatorio, los 65 acusados se enfrentarán a las preguntas del representante del Ministerio Público, Alejandro Luzón y de los abogados de las demás partes. Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular mientras que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General de Trabajo (CGT), la acusación popular.
Cuestiones previas
Durante las dos sesiones de cuestiones previas, la defensa centró sus alegaciones en pedir la nulidad del documento aportado por Bankia, que incluía el desglose de los gastos efectuados con los plásticos, que no se le permita continuar a Bankia y al FROB como acusación particular, y que se declarase prescrito el delito continuado de apropiación indebida.
El Ministerio Público rebatió las tesis de los abogados y comenzó su turno de palabra advirtiendo de que habían intentado sacar agua de las rocas y la poca que había salido no era potable.
Durante su informe ante los magistrados Luzón defendió la legitimidad del Frob y de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri para acusar de forma particular en la vista y agregó que el rescate de Bankia --que recibió 22.000 millones de euros de las arcas públicas-- fue como un funeral para todos los españoles.
Los letrados de la acusación particular y popular, por su parte, negaron que los delitos hubieran prescrito alegando que el Código Penal establece un máximo de diez años y no de cinco como expuso la defensa.
