El Tribunal Constitucional acordó ayer suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección de los dos candidatos al Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los socios del Gobierno contra la decisión del Constitucional
Esta decisión -por la cual el pleno del Constitucional admitía las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP- ha sido vista por Unidas Podemos y sus socios de Gobierno como un "golpe sin precedentes a la democracia".
Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, manifestó a través de sus redes sociales que "la derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia, toca demostrar que los demócratas somos más".
Yolanda Díaz asegura que la "democracia prevalecerá"
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó de "grave hecho" que por primera vez en la historia del país, tras el fallo del Tribunal Constitucional, los "representantes del pueblo han visto parcialmente suspendida su actividad legislativa".
Sin embargo, Díaz aseguró que la "democracia prevalecerá" y expresó su compromiso para seguir trabajando "del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones".
Por su parte, el portavoz de los comunes, Jaume Asens, que forma parte de Unidas Podemos, también se refirió a esta resolución como un "golpe contra el poder del pueblo y la separación de poderes. Estamos más cerca de convertirnos en Hungría o en Polonia".
La ironía de Rufián
Esquerra Republicana, en palabras de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló ayer en tono irónico que la corte de garantías ha decidido paralizar un pleno del Senado que no le gusta, "dar una Champions más al Real Madrid, hacer Presidente del Congreso a Pepe Reina y calificar los sobresueldos del PP como propina".
Más País registra una proposición de ley para renovar el poder judicial
Por su parte, desde Más País Íñigo Errejón lamentó que finalmente se consumase "el atropello democrático" y anunció el registro ayer por la noche de una proposición de ley en el Congreso para reformar Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y evitar los retrasos en la renovación de los magistrados.
La reforma que plantean, prevé, entre otras cosas, que los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno se renovarán cada nueve años, y si transcurridos nueve años y tres meses uno de estos dos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los dos magistrados designados por el órgano "que ha cumplido en tiempo su deber constitucional".
Además, introduce la posibilidad de que el Gobierno o el CGPJ puedan renovar a la parte del Tribunal que les corresponde, de manera desagregada si transcurridos tres meses desde la fecha en la que se debería haber producido la renovación, el otro órgano no ha cumplido con su deber constitucional de designación de sus candidatos.
