La portavoz del grupo confederal, Irene Montero; el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral; la senadora y responsable del Área de Vivienda de Podemos, Pilar Garrido; y la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, han registrado la norma a las 12.30, acompañados por los concejales de vivienda de Barcelona, Madrid, Córdoba, Zaragoza, Valencia, Coruña y Cádiz.
Tal y como avanzó hace días la portavoz de En Comú Podem en una entrevista a Europa Press, esta ley pretende establecer limitaciones temporales a los precios de los alquileres, allí donde se estén produciendo "incrementos abusivo" como ocurre, a su juicio, en las grandes ciudades, entre otras cosas, por los pisos turísticos.
La iniciativa llega después de que la Mesa del Congreso, con los votos de PP y Ciudadanos, aceptara el veto del Gobierno a la ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que también contemplaba medidas para regular los alquileres.
Según explicó Martín, el Gobierno no tendría motivos para vetar la iniciativa que van a registrar porque ésta no implica modificar los Presupuestos Generales del Estado -el argumento que esgrime el Ejecutivo para justificar el bloqueo-.
"No habría excusa para discutirlo", defendió la portavoz adjunta del grupo confederal, quien recordó que el Gobierno "no puso pegas" a las cuestiones relativas a la regulación de los alquileres que ya planteaba la citada iniciativa de la PAH bloqueada en el Congreso la semana pasada. "Queremos que esto se discuta, y vamos a lo seguro y a lo que no se puede vetar", enfatizó.
El objetivo de esta proposición de ley, que plantea la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es dar herramientas a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para "regular" los precios de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades en las que se están produciendo "incrementos abusivos".
"El alquiler ahora es un negocio muy rentable, antes lo eran las hipotecas, y ahora, los alquileres y no pasa por que sí, sino porque ha habido cambios legislativos que así lo permite", denunció Martín. "Esa rentabilidad la puedes encontrar a través de alquiler de pisos turísticos, pero simplemente alquilándole a gente que tiene poder adquisitivo más alto", añadió.
La consecuencia de esta situación, a juicio de Martín, es que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, "y en sus entornos urbanos, "se desplaza a la población que no puede pagar esos alquileres". "Si seguimos esta dinámica, vamos a acabar con ciudades que solo son para gente super rica, y con gente de clases medias o populares que va a tener que ir alejándose cada vez más de donde viven ahora y tienen su vida", lamentó.
En concreto, En Comú y sus socios de Unidos Podemos y En Marea propondrán "que los contratos sean más largos" y que en aquellas zonas en las que se acredite "que ha habido incremento abusivo en un determinado periodo de tiempo", se pueda recurrir, como medida "temporal y excepcional", a la "regulación de los alquileres" para que "entre contrato y contrato" el precio "no pueda aumentar indiscriminadamente".
Para ello, esta iniciativa profundiza la medida que ya planteaba la ley de vivienda impulsada por la PAH, consistente en fijar un índice de precios máximos de los arrendamientos. Según Martín, su iniciativa permitiría que los municipios declaren 'áreas urbanas de mercado tensionado' si acreditan, en base a "criterios objetivos", alquileres abusivos en esos lugares por un período de tiempo.
Asimismo, en su iniciativa establecerán que deberán ser las Comunidades Autónomas, con participación de los ayuntamientos afectados --especialmente las grandes ciudades--, las encargadas de fijar tanto esos "criterios objetivos" como los índices de precios máximos.
"Los precios entre contrato y contrato no podrían subir por encima de esos topes. Se trata de que la Ley de Arrendamientos Urbanos abra una puerta, facilite una nueva herramienta a las ciudades que están sufriendo mucha presión especulativa en el alquiler. Seguramente no será necesaria en todas partes, ni de forma permanente, pero es una herramienta imprescindible en este momento", defendió Martín en su entrevista con Europa Press.
Además, la parlamentaria catalana no descartó la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para tratar de levantar el bloqueo. Eso sí, reconoció que esta segunda vía es una estrategia "a largo plazo", porque los recursos tardan en resolverse.
"Podemos valorarlo, tenemos que ver si lo vamos a hacer o no, es posible que lo intentemos, pero llevar un recurso al Constitucional tarda en resolverse. Puede ser una vía para intentar sentar un precedente pero en todo caso eso es algo a largo plazo. Para este caso concreto, lo que vamos a intentar es llevar esta propuesta al Congreso que toque la ley de arrendamientos", explicó.
En este punto, Martín criticó el "bipartidimos" que existe en estos momentos en la Mesa del Congreso, en la que PP y Ciudadanos "dicen cosas distintas pero acaban actuando de la mano", permitiendo con sus votos que prosperen los vetos del Gobierno a sus proposiciones de ley.
"Semana tras semana ratifican los vetos del Gobierno y ahí es especialmente sangrante, porque en la Mesa no están representadas las mayorías que sí que están en el Pleno. Es doblemente antidemocrático, porque no solo es que impidan el debate, es que además no representan las mayorías que existen", denunció.
