El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, que representa a la asociación APIF en el Consejo fiscal sospecha que hubo un procedimiento irregular en el reparto del Ministerio Público respecto a la causa reabierta en 2021 por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para investigar la financiación de Podemos a raíz de las confesiones del militar venezolano Hugo Carvajal, alias “el Pollo”.
Según adelantan fuentes jurídicas a Onda Cero, Viada se encarga de examinar la querella interpuesta en el Supremo por Podemos contra el juez García Castellón, a quien la formación morada acusa de 'lawfare'.
En la documentación examinada, este vocal advierte una posible irregularidad en la asignación del fiscal al caso reabierto por García Castellón, que correspondía a Vicente González Mota, según las mismas fuentes. Por su parte, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional niegan cualquier tipo de maniobra, defienden que el asunto nunca había recaído en González Mota y que al reabrirse se asignó a Miguel Ángel Carballo porque era quien lo había llevado antes.
Salvador Viada ha pedido que el Fiscal General dé explicaciones sobre el asunto en el próximo Consejo fiscal, que se celebrará este miércoles. En el escrito de solicitud, al que ha tenido acceso Onda Cero, el vocal de APIF señala que puede haber “un problema con las comunicaciones al Consejo Fiscal de avocaciones de asuntos” por parte de los fiscales jefes.
"Por el azar del reparto, acabo de despachar una causa en el Tribunal Supremo contra un aforado de la Audiencia Nacional. Consulté con el Fiscal que por turno de reparto le correspondía el asunto por cuya actuación se pretendían responsabilidades contra el aforado y me dijo que no sabía nada de ese tema porque había sido despachado por otro fiscal", señala el escrito.
Viada indica que con posterioridad supo que el asunto fue asumido por el teniente fiscal y por el Fiscal Jefe y que la sustitución del fiscal asignado por turno se produjo, de facto al reabrirse las diligencias previas en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.
“Ignoro si se dio cuenta de esa avocación al Consejo Fiscal (en su caso, solicito se me indique en qué fecha se hizo), pero me sorprende que el fiscal a quien le correspondía el asunto desconociera que le había sido asignado a otro compañero”, añade Viada.
Artículo 23 del Estatuto fiscal
Este vocal apela al artículo 23 del Estatuto Fiscal -que regula las discrepancias con el superior jerárquico- como una de las garantías de imparcialidad para los fiscales. Este artículo exige que si hay discrepancia con el fiscal afectado en el caso de una avocación, ha de resolver el superior jerárquico, que en aquel momento era la Fiscal General Dolores Delgado.
"Pero no puede haber discrepancia si no se comunica el hecho al fiscal encargado", indica Viada. También recuerda que hay que informar al consejo Fiscal de todas las sustituciones y pide que se le informe acerca de si esa comunicación se cumplió y, en caso negativo, que se aclaren las razones.
En junio de 2022, el juez Manuel García Castellón, después de que la Sala de lo Penal admitiera un recurso de la Fiscalía en contra de la investigación, archivó la causa que había reabierto el año anterior para indagar en la financiación de Podemos sobre la base de las declaraciones de El Pollo Carvajal.
El que fuera jefe de la contrainteligencia venezolana, que estaba intentando frenar su extradición a Estados Unidos, acusó al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y otros ex cargos como Carolina Bescansa de haber recibido cobros por parte de gobiernos chavistas. Hasta su archivo, el juez investigó un supuesto delito de financiación ilegal con el criterio en contra de la Fiscalía, que consideraba prospectiva la investigación.
Práctica habitual en la Fiscalía
Consultada por este episodio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica a Onda Cero que cuando en 2016 arrancó la causa, el fiscal encargado era Miguel Ángel Carballo, quien posteriormente fue nombrado teniente fiscal.
Añaden que al acceder a su nuevo cargo hubo una reasignación de asuntos, como suele ser habitual y, aunque algunos son derivados a otros dos fiscales, Carballo se hizo cargo del caso al reabrirse porque “ya conocía del asunto”. Admiten que por una organización posterior, por número le correspondería a González Mota.
También indican que el entonces teniente fiscal y el fiscal jefe Jesús Alonso se repartían las intervencioones indistintamente por una cuestión también habitual de “organización interna”.
