El tribunal ha emitido dos autos que abren el procedimiento para exigir tanto al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, como a sus colaboradores esa cantidad. Esta actuación conlleva una fianza o el embargo preventivo de los bienes de los responsables.
Por un lado, el Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso desestimado por el Gobierno catalán, que pedía el archivo de la investigación sobre las posibles responsabilidades contables de Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N.
Por tanto, el procedimiento sigue adelante y ahora los cuatro, si son declarados culpables, tendrán que hacer frente con su patrimonio a los más de cinco millones de euros que costó el proceso participativo suspendido por el Constitucional.
Según un auto de este tribunal, la semana que viene podrían ser nombrado el delegado instructor que se encargue de este expediente. Este delegado tiene además poderes legales para exigir una fianza o el embargo preventivo de bienes a los cuatro investigados. Todo un aviso también al actual Gobierno catalán, dispuesto a tirar adelante un referéndum unilateral que en estos momentos ya estudia cómo comprar las urnas.