La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que se ha logrado un acuerdo entre su formación política y el PSOE dentro del Gobierno para derogar la denominada ley mordaza.
"Ya les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley mordaza se consuma", precisó Díaz a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra este martes en Bruselas.
"La ley mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista"
Díaz ha indicado que el próximo miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, va a comparecer a las 9:00 horas (7:00 GMT) para anunciar un paquete de medidas sobre regeneración democrática que incluye la derogación de la ley mordaza.
La vicepresidenta segunda ha señalado que el acuerdo con el PSOE sobre la derogación de la ley mordaza afecta a "todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás".
Asimismo, dijo que Sumar y PSOE han pactado en el seno del Gobierno una ley que impedirá que reciban "subvenciones y financiación pública" quienes "practicando pseudoperiodismo vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo".
"Estoy hablando de la ley de publicidad institucional", ha comentado.
Incidió en que hace "escasamente unas horas" acaban de cerrar Sumar y PSOE un acuerdo sobre esas dos materias. También se ha acordado "un bloque de medidas más globales en las que había más acuerdo y que mañana el presidente Sánchez presentará ante el Congreso de los Diputados".
"Pero ahora mismo cerramos la derogación de la ley mordaza y también que se acabó la financiación pública para los pseudoperiodistas en nuestro país", ha recalcado.
El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ya había comentado el lunes pasado que estaban trabajando en medidas de regeneración democrática, entre ellas la derogación de la ley mordaza, que, según ha dicho, es uno de los elementos esenciales para Sumar.
La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, está en vigor desde 2015.
El Gobierno precisa que sólo modificará la ley mordaza sobre injurias y calumnias
El Gobierno ha confirmado que aborda con Sumar una modificación de la ley mordaza y ha precisado que será "única y exclusivamente" sobre lo relacionado con los delitos de injurias y calumnias, es decir con la parte de la norma que tiene que ver con la libertad de expresión.
Y eso se está abordando dentro del paquete de medidas de "regeneración democrática", que mañana presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno en el Congreso de los Diputados.
Así lo han explicado la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que han avanzado también que hay otras materias de la ley mordaza que se están discutiendo con otros grupos y que estarán fuera del decreto ley.
También se están planteando en esas conversaciones otras cuestiones, como el de la publicidad institucional, que también se enmarca dentro del paquete de calidad o de regeneración democrática.
Sumar ha anunciado este martes que el paquete de medidas de regeneración democrática que ha pactado con el PSOE incluye una modificación legal para reparar públicamente a aquellas personas con relevancia pública que son investigadas judicialmente en casos que finalmente no acaban en juicio, pero sobre las que hay "cientos de titulares" contra su honor.
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha anunciado que más allá de la modificación de un artículo de la denominada ley mordaza y de una reforma del Código Penal para proteger la libertad de expresión, también han pactado con el PSOE modificar la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El objetivo de esta modificación, según ha explicado, es ofrecer una reparación pública a aquellas personas investigadas con proyección pública y sobre las que se generan "cientos de titulares" en instrucciones judiciales prolongadas en el tiempo, pero que finalmente no acaban con la apertura de un juicio oral.
