La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha propuesto reformar la figura del indulto para prohibir que se conceda a condenados por corrupción, limitar y restringir el aforamiento de cargos públicos, así como desplegar un órgano independiente que evite presuntas tramas corruptas.
Así lo ha trasladado durante una reunión del grupo parlamentario de Sumar para desgranar la batería de propuestas y cambios normativos que defiende su formación, para atajar la "lacra de la corrupción" y evitar situaciones como el caso Koldo.
Específicamente, Díaz ha lanzado que ya "ha llegado la hora" de modificar la legislación que regula el indulto en España para que no se pueda aplicar nunca a casos de corrupción.
Tras remarcar que le resulta "llamativo" que esta restricción de la medida de gracia no se haya aplicado ya en España, la vicepresidenta segunda ha manifestado que desde el año 1996 se han producido más de 10.000 indultos y que fue el expresidente popular José María Aznar quien más concedió a condenados por corrupción (139)-
Restringir la figura del aforamiento
Luego, ha apuntado la necesidad de restringir la figura del aforamiento, no solo en la clase política, sino en otras instituciones del Estado hasta llegar a un "número brutal" de aforados, al criticar que se utiliza como una especie de protección extra en casos de corrupción.
A su vez, ha reivindicado la creación y despliegue de un organismo independiente para la prevención de posibles conductas corruptas en el ámbito de la administración, dado que es una recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
En este sentido, Díaz ha manifestado que es necesario salir de la dinámica del 'y tú más' en el que se han enfrascado PP y PSOE a raíz del caso Koldo, con reformas destacadas para combatir la corrupción y luchar contra ella "antes de que se produzca"
También ha desgranado que esta pregunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia es un "bochorno", con unos "golfos" aprovechándose del momento complicado del país, que erosiona la confianza de la ciudadanía sobre la política.
