El Ministerio de Trabajo ha afeado este lunes a las patronales CEOE y Cepyme que no hayan presentado propuestas por escrito a los planteamientos del Gobierno sobre la reducción de jornada y les ha emplazado a llevarlas a la reunión del próximo lunes.
"Lo único que el Gobierno no contempla es una estrategia dilatoria", ha advertido el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, al término de la reunión de la mesa de diálogo social para abordar la reducción de jornada máxima desde las 40 horas semanales vigentes a las 38,5 horas este año y las 37,5 horas en 2025.
"Si vamos al lunes que viene sin propuesta de la patronal tendremos que tomar una decisión", ha señalado Pérez Rey que ha incidido en que el cambio se hará por ley.
El secretario de Estado ha recordado que la negociación de esta medida, incluida en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, comenzó a principios de año y que patronal y sindicatos abrieron una negociación bipartita en paralelo que no ha dado frutos.
"Casi 6 meses después de que la mesa haya llevado a cabo sus trabajos no hay propuestas por escrito", ha reprochado Pérez Rey.
Ha incidido en que el Gobierno no va a entrar en ampliar el máximo de horas extraordinarias, el principal escollo que impidió a patronal y sindicatos avanzar en un pacto.
También ha recordado que la reducción irá de la mano de cambios en el registro horario, que será digital, para que haya un control efectivo del cumplimiento de la medida.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya avanzó la semana pasada su intención de remitir cuánto antes un texto a las Cortes.
Los sindicatos valoran la propuesta de Trabajo
La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha asegurado que la reducción de jornada "es una reivindicación de las organizaciones sindicales y un avance sustancial de derechos", así como "una cuestión de justicia social" porque hay colectivos que no están amparados por la negociación colectiva.
"Es importante, porque la riqueza que se genera se distribuye a través de los incrementos salariales y de la reducción de jornada", ha dicho Vicente, que ha apostado por buscar un acuerdo también con la patronal, una vez expongan su punto de vista.
"Es muy difícil hacer una valoración si no conocemos en concreto lo que piden", ha dicho la negociadora de CCOO, al tiempo que ha añadido que "trabajan por un acuerdo", pero que si no lo logran, apoyarán al Gobierno y trabajarán por el posterior apoyo a la norma en las Cortes.
"La propuesta del Gobierno se ajusta a los objetivos de UGT", ha asegurado el vicesecretario de Política Sindical, Fernando Luján, quien ha pedido a la patronal "que se pronuncie y diga si está dispuesta a negociar que la reducción se realice en cómputo anual, porque tras seis meses "aún no han despejado esa incógnita".
Trabajo trasladó la pasada semana a los agentes sociales una propuesta para abordar la reducción de jornada que contempla, entre otras medidas, que los trabajadores con jornada parcial o reducida podrán seguir realizando el mismo número de horas tras la entrada en vigor de la reducción de jornada laboral, percibiendo a cambio un incremento salarial proporcional.
La propuesta también modifica la ley de infracciones y sanciones para establecer una multa en su grado mínimo de entre 1.000 y 2.000 euros; en su grado medio, de entre 2.001 y 5.000 euros; y, en su grado máximo, de entre 5.001 y 10.000 euros.
Multas de hasta 10.000 euros a las empresas que lo incumplan
Según el borrador, Trabajo quiere multar con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025.
Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Así, de acuerdo con el borrador, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
En la legislación actual de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, conocida como LISOS, la cuantía de las multas por transgredir los límites legales del tiempo de trabajo se sancionan con 751 a 1.500 euros en su grado mínimo; con 1.501 a 3.750 euros en su grado medio, y con 3.751 a 7.500 euros en su grado máximo.
Asimismo, Trabajo señala en el borrador, entregado ayer a los agentes sociales, que se considerará la comisión de una infracción por cada trabajador afectado. En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada únicamente se considerará la comisión de una infracción por cada trabajador afectado en los supuestos de ausencia de registro, así como en los de omisión de datos o inclusión de datos falsos o inexactos.
El nuevo registro horario: digital y de acceso remoto
El texto enviado el viernes a sindicatos y empresarios fija como objetivo principal la reducción de la jornada semanal (en promedio anual) de 40 a 38,5 horas durante 2024 y a 37,5 horas el 1 de enero de 2025. Pero también introduce cambios en el registro de jornada que se implantó en las empresas para garantizar que realmente sea eficaz. "Presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad e interoperatividad", la intención de Trabajo es impedir que se puedan falsear los asientos del registro y que las empresas cumplan, de verdad, con los nuevos límites legales de la jornada.
Este nuevo registro será digital y accesible, de modo automático, para cada trabajador, los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En estos dos últimos casos deberá, además, ser accesible de forma remota. La empresa tendrá que conservar los registros durante cuatro años y éstos estarán a disposición de trabajadores, sindicatos e Inspección.
