El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, han rubricado y presentado este lunes en Almonte (Huelva) el acuerdo que han alcanzado ambas administraciones sobre medidas para el Parque de Doñana y su entorno, cuya convocatoria pública se hace bajo el título de Acuerdo por Doñana.
Gobierno central y Junta de Andalucía darán ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores de los 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana que dejen de cultivar sus actuales tierras y apuesten por renaturalizar o reforestar los suelos.
El acuerdo por Doñana firmado incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno localizadas en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.. Así lo han avanzando en rueda de prensa conjunta ambos dirigentes, que han precisado que el Gobierno central aportará 350 millones que se suman a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales hace un año, mientras la Junta aportará 700 millones.
De esa ayuda de 100.000 euros, ha precisado Moreno, la mayor parte (70.000 euros) serán aportados por el Gobierno central, mientras la Junta destinará 20.000 euros y la Diputación de Huelva añadirá otros 10.000, en un acuerdo que propiciará la retirada de la proposición de ley de mejora de regadíos de la Corona Norte de Doñana que se tramitaba -aunque quedó paralizada por las negociaciones- en el Parlamento de Andalucía, a instancias de PP y Vox.
Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero en este caso, ha precisado Moreno, las ayudas serán "bastante menores".
Cualquier vecino con tierras puede pedir estas ayudas
Ribera ha precisado que "no hay una limitación ni una identificación catastral de la zona" para solicitar estas ayudas, de forma que "cualquier vecino con tierras puede pedir estas ayudas", y ha agregado que en el caso de las subvenciones a la reforestación habrá un compromiso de permanencia de hasta 30 años y en el de transformación de agricultura de secano y ecológica, de hasta 5 años.
A estas ayudas, además, podrán acceder los agricultores al margen de que tengan expedientes sancionadores o no abiertos, si bien la ministra ha dejado claro que estos seguirán su curso y que no habrá amnistía: "La única amnistía es para Doñana", ha dicho.
"Un avance histórico"
Un acuerdo que el presidente de la Junta asegura que supone "un avance histórico" y una "solución de consenso positiva para todos".
Antes de esto, ha realizado una visita conjunta del presidente andaluz y la vicepresidenta y ministra al Parque Nacional de Doñana, concretamente, al Centro de Visitantes de La Rocina en el término municipal de Almonte (Huelva).
Esta firma del denominado Acuerdo por Doñana se produce un mes y medio después del encuentro que Moreno y Ribera mantuvieron el 3 de octubre en el Palacio de San Telmo, jornada en la que se dieron un mes de plazo para que fructificara esta negociación bilateral.
Ribera aseguró el día 10 de este mes de noviembre en Málaga que "estamos trabajando muy bien", así como que "espero que en los próximos días podamos presentarlo el presidente de la Junta y yo misma", prosiguió explicando, a lo que añadió su confianza en escenificar ese acuerdo "también incluso visitando juntos el Parque".
Fin al conflicto
Un trabajo a dos bandas que arranca en la negativa del Estado a aceptar el contenido de la Proposición de Ley que PP y Vox tienen registrada en el Parlamento de Andalucía y que busca propiciar que terrenos que ahora son de naturaleza forestal pasen a ser calificados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales en los municipios que se sitúan al norte de la Corona Forestal de Doñana, que comprende los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
En este tiempo se ha abierto una negociación que ha tenido como protagonistas a los consejeros de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco; y la consejera de Agricultura, Pesca, Agua, y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, como principal representante gubernamental.
Esa mesa negociadora ha mantenido una interlocución con diferentes sectores implicados en la búsqueda de una negociación, ya sean agricultores de la zona, ayuntamientos o sindicatos.
Moreno defendió ese 3 de octubre el aplazamiento del debate final de la Proposición de Ley "en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, conversar, construir, mejorar, proponer; en definitiva, de poder avanzar".
Una solución que ofrezca alternativas viables
En aquella comparecencia conjunta de 3 de octubre de Moreno y Ribera, la vicepresidenta y ministra defendió "intentar encontrar las propuestas que, respetando la legalidad ambiental y las aspiraciones sociales, satisfagan en mayor medida a todos los habitantes".
En el turno de preguntas de la rueda de prensa de aquel 3 de octubre, cuestionados ambos por la compra de tierras, Ribera blandió las partidas previstas por el Gobierno en su Marco de Actuaciones Alternativas para Doñana, dotado con 350 millones de euros, con la finalidad de atender el compromiso con Bruselas de "liberar aguas para Doñana" y de esta forma "cerrar el procedimiento de infracción de la Unión Europea".
"El plan de compra de terrenos es para la reducción de la presión sobre Doñana", argumentó entonces Ribera ante la hipótesis de comprar terrenos a aquéllos agricultores que, en el llamado coloquialmente como Plan de la Fresa de 2014 que es el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío al norte de la Corona Forestal de Doñana, sus terrenos no se catalogaron como regadíos y permanecen en un limbo jurídico, argumento de la Junta para que el Partido Popular impulse la Proposición de Ley conjuntamente con Vox.
Teresa Ribera advirtió de que "es más convicente ofrecer alternativas viables que no son más agua", en alusión al Marco de Actuaciones del Gobierno, convencida de que "es difícil que haya" y expresó su confianza en establecer "un escenario donde todo el mundo piense que es mejor consolidar esas alternativas que confiar en más recursos hídricos".
La representante gubernamental defendió que el futuro trasvase de casi 20 hectómetros cúbicos procedentes de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras "nos ha permitido cerrar 490 pozos legales", a lo que sumó la clausura de otros 239 ilegales, para colegir entonces que "esta tarea la tenemos que completar".
Moreno apeló entonces a "buscar una solución a los problemas" y explicar que "somos humildes para entender otros ángulos de visión", mientras se ha reafirmado en encontrar soluciones a "los problemas de familias que están en un limbo", convencido de que "no hay protección ambiental sin apoyo social".
En cuanto a cómo encajen los afectados esta negociación, indicó el presidente de la Junta que "puede ser recibido de muchas maneras" y señaló que "hemos sido muy leales siempre", incluido que "el consejero (Ramón Fernández-Pacheco) les ha trasladado que íbamos a negociar", antes de convencerse de que "si contentamos a la mayoría significa que habremos conseguido mucho".
