El Pacto Verde Europeo es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia la transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Específicamente, la Ley de Restauración de la Naturaleza es imprescindible para alcanzar las metas de la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030.
Idas y venidas
La aprobación fue posible gracias al cambio de posición de última hora de Austria, que permitió una exigua mayoría de 20 países que representan el 66 % de la población de la UE (la mayoría cualificada en el Consejo es del 65 %). Países como Italia, Suecia y Finlandia se opusieron desde el principio y Hungría y Polonia lo hicieron justo antes de la votación.
Previamente, la ley fue presentada el 22 de junio de 2022 y aprobada por la Comisión Europea el 12 de julio de 2023. En el Parlamento Europeo, la normativa tuvo una oposición significativa del Partido Popular Europeo, que expresó su preocupación sobre el impacto en el sector agrícola, aunque finalmente fue aprobada con 329 votos a favor y 275 en contra el 27 de febrero de este año.
Dicha oposición se exacerbó a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, que aumentó el precio de los combustibles, los fertilizantes y materias primas agrícolas, entre otros. Finlandia se opuso por el impacto en el sector de la industria forestal.
La propuesta inicial fue más ambiciosa que la finalmente aprobada. El sector agrícola consiguió que se introdujera un “freno de emergencia” para que los objetivos que afectan a la agricultura puedan ser suspendidos por “circunstancias excepcionales” que amenacen la seguridad alimentaria. Este sector también ha forzado una relajación de las medidas agroambientales (p. ej., los barbechos) y la retirada del Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas de la UE cuyo objetivo es reducir a la mitad el uso de pesticidas para el año 2030.
Puntos clave de la ley
El fin principal de la Ley de Restauración de la Naturaleza es recuperar los ecosistemas degradados en la UE, en particular aquellos que tienen mayor potencial para capturar y almacenar carbono, como los bosques, humedales, praderas de montaña y estuarios. Esta regulación pionera en el mundo obliga a los Estados miembros a poner en marcha medidas de restauración ecológica que, en su conjunto y para el año 2030, cubran al menos el 20 % de las zonas terrestres y marítimas de la UE y, para 2050, todos los ecosistemas que necesiten restauración.
La ley establece objetivos específicos, que deberán ser alcanzados en marcos temporales definidos, para la restauración de hábitats protegidos y de especies protegidas, hábitats marinos, ecosistemas urbanos, conectividad de los ríos y de las funciones naturales de sus llanuras de inundación, polinizadores, agroecosistemas y ecosistemas forestales (artículos 4 a 10, respectivamente).
El webinar de la Society for Ecological Restoration (Sociedad para la Restauración Ecológica) proporciona información detallada sobre estos objetivos y sus implicaciones.
Los países contarán con amplia flexibilidad para elaborar los planes nacionales de restauración adaptados a las circunstancias y prioridades de cada uno. En España, un panel de expertos elaboró la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas publicada en 2021 que, junto a trabajos posteriores de otros expertos realizados entre julio de 2023 y los primeros meses de este año, constituirán las bases del plan nacional.
Implicación crítica de los científicos
La posición firme de la academia europea, manifestada por los científicos a título individual y a través de distintas sociedades científicas, ha resultado crítica para la aprobación de la norma.
La sección europea de la Society for Ecological Restoration publicó en 2022 una declaración de apoyo a la ley que enfatizaba la urgencia de acciones para la restauración ecológica en Europa. También realizó una intensa labor de divulgación para desacreditar de forma argumentada las percepciones erróneas sobre esta ley.
Más de 6 000 científicos firmaron una carta de apoyo en mayo de 2023 y, poco antes de la votación definitiva, algunos más comprometidos publicaron un artículo sobre el papel de la comunidad científica en el debate en torno a las políticas relacionadas con la Ley de Restauración de la Naturaleza y la regulación de los agroquímicos en la Unión Europea.
También ha sido crítico el papel jugado por las organizaciones conservacionistas y ecologistas, en particular la Coalición #RestoreNature, que reunió más de un millón de firmas de ciudadanos europeos. Algunas encuestas revelaron que, incluso en los países que se han opuesto a la ley, la mayor parte de los ciudadanos deseaban su aprobación.
Una ley fundamental para la sociedad
La ley ha tenido la oposición de algún sector del medio rural. Sin embargo, otros han entendido que es una gran oportunidad para el campo. La lista completa de beneficios de la ley sería muy larga, pero estos son algunos de ellos:
Se podrán adaptar nuestros bosques al nuevo escenario climático y reducir su riesgo de incendio.
Se recuperarán pastizales que, tras el despoblamiento rural, se están matorralizando.
Se incrementarán las poblaciones de polinizadores, esenciales para la producción agrícola.
Se restaurarán humedales que filtrarán el agua contaminada por los fertilizantes y los purines.
En las ciudades se creará infraestructura verde para reducir la contaminación atmosférica, suavizar el clima y favorecer la salud de las personas.
Según estimaciones de la UE, el valor monetario de los beneficios de la restauración ecológica será entre 8 y 10 veces mayor que el coste de la inversión inicial. Los beneficios estimados de su aplicación ascenderán a 1,86 billones de euros.
Esta normativa es un buen ejemplo de la falsedad del dilema “desarrollo versus naturaleza”. Sin naturaleza no hay agricultura, no hay bienestar social, no hay economía, no hay sociedad. Empresas importantes han apoyado la aprobación de la ley; por ejemplo, Cemex y Holcim del sector minero, Iberdrola del energético, Nestlé y Spar de la alimentación y H&M de la moda, entre otras muchas.
Esta ley necesaria supondrá una relevante contribución socioeconómica, generando empleo, inversión y autoestima en un medio rural que lucha por su sitio en el siglo XXI.
José M. Rey Benayas, Catedrático de Ecología, Universidad de Alcalá y José Manuel Nicolau Ibarra, Profesor de Ecología, Universidad de Zaragoza
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
