La carrera judicial se revuelve contra la mención al “lawfare” que recoge el pacto PSOE-Junts. Las asociaciones judiciales han tardado apenas unas horas en cerrar un comunicado conjunto que une a colectivos tanto del ámbito conservador como del progresista.
La mayoría Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (ajfv), Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) y Foro Judicial Independiente han publicado un comunicado conjunto ante el documento suscrito PSOE y Junts para facilitar la investidura, en el que muestran su rechazo por las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias.
Según la nota, el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
“Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, señalan.
El comunicado también recuerda que los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables, aseguran las asociaciones.
Las asociaciones judiciales son tajantes en cuanto a la ausencia de persecución judicial alguna: “el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.
Comisiones de investigación
El texto del acuerdo PSOE-Junts dado a conocer este jueves dedica un largo párrafo a anunciar posibles investigaciones parlamentarias que determinen cuándo ha habido “lawfare” o persecución judicial, obligando a que esos casos supuestamente iniciados con ánimo de judicializar la política con “juego sucio” también queden contemplados en la amnistía.
El acuerdo PSOE-Junts recoge una ley de amnistía que incluya “tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objetivo de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.
“En ese sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se consittuirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnisía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones deresponsabilidad o modificaciones legislativas”.
Según los cálculos iniciales de los negociadores, la amnistía provocará el borrado penal de decenas de delitos como desobediencia, malversación agravada, prevaricación, pertenencia a organización terrorista o desórdenes públicos a más de doscientos condenados o investigados por liderar, preparar y organizar el 1-O, además de las decenas de causas que se investigan en juzgados ordinarios por los disturbios derivados de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo.
El CGPJ lo califica como "atentado" a la separación de poderes
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado este jueves su rechazo "frontal" al acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque implica "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes".
La Comisión Permanente se ha reunido de forma extraordinaria tras conocer el texto del acuerdo, que también ha sido criticado por todas las asociaciones de jueces y fiscales por lo que el PSOE ha tenido que aclarar que no se van a revisar sentencias judiciales en comisiones parlamentarias.
El CGPJ cree "inadmisibles" las referencias al "lawfare" o judicialización de la política que contiene el acuerdo y el anuncio "de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación" sobre resoluciones judiciales.
El comunicado ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte; y de las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, mientras que la vocal Pilar Sepúlveda ha votado en contra.
