Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) cerraron un acuerdo político este martes sobre un plan para reducir el consumo de gas con vistas al invierno, ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia.
"No ha sido una misión imposible. Los ministros han alcanzado un acuerdo político sobre la reducción de la demanda de gas, de cara al próximo invierno", informó la presidencia del Consejo de la UE, en manos de la República Checa este semestre.
Muchos de los titulares europeos, incluida la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, se mostraron optimistas a su llegada al Consejo extraordinario hoy sobre la posibilidad de alcanzar a un pacto y recalcaron la importancia de mostrar "unidad" en la UE frente al chantaje energético de Moscú.
Así es el acuerdo: reducción "voluntaria" con excepciones
El acuerdo se basa en reducir de forma "voluntaria" el consumo de gas en el mercado comunitario un 15% hasta la próxima primavera aunque con excepciones como las interconexiones o la capacidad de exportación, tras la propuesta de la Comisión Europea de la pasada semana para hacer frente a posibles cortes de suministro de gas por parte de Rusia.
Además, el acuerdo de los Veintisiete establece que serán los países de la UE los que tendrán la responsabilidad de activar el estado de "alerta" en la Unión a través del Consejo para que se active la obligatoriedad de la reducción de consumo de gas, a diferencia de la propuesta inicial de Bruselas.
"La adopción de la propuesta de reducción de gas en un tiempo récord ha fortalecido nuestra seguridad energética", ha indicado el ministro de Industria y Comercio de la República Checa y presidencia de turno, Jozef Síkela, que ha añadido que el ahorro de gas ahora mejorará la preparación de la UE.
El acuerdo político, al que sólo Hungría se ha opuesto, plantea reducir la demanda de gas un 15% entre el 1 de agosto del presente ejercicio y el 31 de marzo del próximo año, respecto a la media de consumo de los últimos cinco años aunque cada país escogerá qué medidas que implementará.
Así, contempla excepciones específicas para algunos Estados miembro considerando factores como la interconexión de un país respecto a otras redes gasísticas en la UE, la sincronización con la red de distribución eléctrica europea, su capacidad de exportación o sus niveles de almacenamiento.
En base a ello, podrán solicitar una excepción aquellos países de la UE que cuenten con una baja interconexión con otros Estados miembro y puedan demostrar que su capacidad de exportación por interconexión o a través de terminales de gas natural licuado se puede utilizar para redirigir el consumo de gas a otros Estados miembro. El caso en el que presuntamente se inscribiría España.
Además, podrán acogerse a estas excepciones los Estados miembro que no estén interconectados a la red de gas de otros países de la UE, ya que su reducción del consumo no podría contribuir al suministro de los países que lo necesiten. Un escenario en el que se enmarcarían Malta o Irlanda.
La lista de exenciones los países de la UE incluye también a aquellos Estados miembro cuya red de distribución de electricidad no esté sincronizada con la europea, como es el caso de los países Bálticos, todavía conectados a Rusia, o aquellos que todavía sean muy dependientes de gas para la producción de electricidad,
Por último, los países que hayan superado sus objetivos de almacenamiento de gas, cuyas industrias críticas dependan del gas como materia prima y su consumo ha aumentado al menos un 8% en el último año en comparación con la media de los cinco años anteriores podrán solicitar excepciones.
La Comisión Europea presentará una propuesta para declarar el estado de "alerta" en caso de "riesgo sustancial" de escasez de gas y tendrá que contar con el apoyo de cinco Estados miembro que hayan declarado la alerta a nivel nacional.
Las medidas de reducción de la demanda que adopten los Estados miembro deberán priorizar que no afecten a los clientes protegidos, como los hogares y los servicios esenciales, a las entidades críticas, a la atención médica y la defensa.
