En el documento, que recoge el testimonio de 168 víctimas civiles de los estados de Ecuatoria Central, Jonglei, Alto Nilo y Unidad, así como de refugiados de tres campamentos en Uganda, AI denuncia "violaciones en grupo a mujeres, agresiones sexuales con palos y mutilaciones genitales".
En la mayoría de los casos de agresiones sexuales a mujeres, los agresores fueron hombres de una etnia diferente a la suya, pero AI pudo documentar también algunos casos de agresiones a mujeres de la misma etnia que los atacantes, que se practicaron como castigo por la disidencia política de las agredidas.
AI también recogió en su informe un total de 16 casos de agresiones sexuales a hombres, sometidos a violaciones y mutilaciones sexuales.
Los ataques "parecen dirigidos a aterrorizar, degradar y avergonzar a las víctimas, y, en algunos casos, a impedir que los miembros de partidos políticos rivales puedan procrear", manifestó Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
Asimismo, agregó que estos ataques dejan secuelas duraderas a las víctimas, tales como lesiones físicas y psicológicas, así como la incapacidad para procrear, además de una fuerte estigmatización social en el caso de las mujeres, que son con frecuencia repudiadas por sus esposos y señaladas socialmente.
Wanyeki manifestó que tanto el Gobierno como la oposición deben tomar medidas urgentes para detener las agresiones, "ordenando inmediatamente una investigación efectiva e independiente" y "apartando a los sospechosos de las fuerzas armadas hasta que las acusaciones contra ellos se confirmen o desmientan".
Las autoridades también deben proporcionar "justicia, asistencia médica y reparación a las víctimas".
El conflicto en Sudán del Sur estalló en diciembre de 2013 después de que el presidente Salva Kiir, de etnia dinka, acusara a su vicepresidente, Riek Machar, de la tribu nuer, de un intento de golpe de Estado.