Las autoridades británicas encubrieron deliberadamente entre 1970 y 1991 un escándalo relacionado con las transfusiones de sangre que provocó que más de 30.000 personas contrajeran VIH y hepatitis, de las cuales unas 3.000 han muerto ya, según una investigación que se ha prolongado durante cinco años y cuyas primeras conclusiones han visto la luz este lunes.
El grupo de trabajo de la conocida como Investigación de Sangre Infectada sostiene que las autoridades británicas, entre ellas personal médico y el Gobierno, eran conscientes de que está situación se venía dando desde los orígenes del Servicio Nacional de Salud (NHS) en 1948.
A pesar de ello, fallaron a las víctimas "en repetidas ocasiones" y fueron expuestas a "riesgos inaceptables".
Los donantes de sangre eran presos y drogadictos
El responsable de la investigación, sir Brian Langstaff, ha calificado de "horripilante" la magnitud de estas conclusiones y que existió una deliberada intención de "ocultar la verdad", según recoge la BBC.
Entre los riesgos a los que fueron expuestas estas miles de personas, destaca la repetida importación de productos sanguíneos del extranjero, incluida sangre de donantes estadounidenses y británicos de alto riesgo, como presos y drogadictos a los que se pagaba por transfusión.
"Este desastre no fue un accidente. Las infecciones se produjeron porque las autoridades --médicos, centros de transfusión y los sucesivos gobiernos-- no dieron prioridad a la seguridad de los pacientes", ha denunciado Langstaff, lamentando que esta negligencia haya destruido la vida de miles de personas.
Dos grupos de personas afectados
La investigación destaca que dos fueron los grupos que se vieron afectados en gran medida, el de personas con hemofilia y trastornos en los que la sangre no coagula como debería, para las que se utilizó sangre contaminada, principalmente con hepatitis C, y el de aquellas que recibieron transfusiones después del parto, accidentes y durante tratamientos médicos.
Ya en julio de 2022 y abril de 2023, la investigación publicó dos informes provisionales en los que se recomendaba al Gobierno británico indemnizar a los afectados.
Una demanda que aceptó iniciando pagos de de hasta 100.000 libras a unos 4.000 supervivientes y sus familiares, si bien se espera que las compensaciones alcancen los miles de millones de euros.
