"Nosotros no permitimos la entrada a Birmania de (representantes) la Misión Internacional de Investigación (de la ONU), por eso no aceptamos ni estamos de acuerdo con cualquier resolución tomada por el Consejo de Derechos Humanos", declaró el portavoz, recoge hoy el diario oficialista "Global New Light of Myanmar".
Más de 700.000 rohinyás huyeron a Bangladés a raíz de la campaña de represalia encabezada por el Ejército birmano e iniciada el 25 de agosto de 2017 tras el ataque de un grupo insurgente rohinyá contra una treintena de puestos fronterizos oficiales.
Médicos Sin Fronteras (MSF) calcula que al menos 6.700 rohinyás, incluidos 730 niños menores de cinco años, murieron a consecuencia de la violencia desatada por la actuación castrense.
Los soldados han sido acusados de cometer asesinatos, violaciones masivas y quema de hogares contra los rohinyá en el occidental estado Rakáin, donde esta minoría de mayoría musulmana se asienta desde hace siglos.
El pasado 27 de agosto, los expertos de la ONU señalaron que hay evidencias de "genocidio intencional" y crímenes contra la humanidad "perpetrados a gran escala".
"Hay suficiente información para investigar y procesar a altos funcionarios en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas o 'Tatmadaw', de manera que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad en cuanto al crimen de genocidio en relación al estado de Rakáin", señaló la Misión de la ONU.
La misión condenó además al Gobierno de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi por no haber hecho lo suficiente para sofocar la violencia y recomendó la creación de un tribunal internacional que investigue y juzgue a los supuestos responsables de las Fuerzas Armadas, entre ellos al general Min Aung Hlaing.
No obstante, el portavoz del Gobierno birmano señaló que el Ejecutivo ya ha formado una comisión independiente (liderada por la diplomática filipina Rosario Manalo) que responderá, conforme a las declaraciones del portavoz Htay, a las "falsas alegaciones realizadas por las agencias de la ONU y la comunidad internacional".
Birmania no reconoce a los rohinyás como una de las etnias de la nación sino que los considera inmigrantes bangladesíes y los somete a todo tipo de discriminaciones, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.
Tanto el Ejército como el Gobierno birmano rechaza cualquier acusación sobre violaciones de los derechos humanos.