Hace una semana que el Gobierno salvadoreño presidido por Nayib Bukele instauró el bitcoin como moneda oficial del Estado, una criptomoneda descentralizada que carece de cualquier respaldo bancario. Sin duda se trata de una arriesgada apuesta por las inversiones digitales que, hasta la fecha, no está teniendo ni tan buenos resultados ni una gran acogida por parte de la ciudadanía.
El Ejecutivo de El Salvador apuesta por erigirse en la cuna del bitcoin en pro de alentar futuras inversiones digitales, motivo por el que ha implementado el 'Chivo Wallet', una cartera electrónica para que la ciudadanía gestione los pagos y los cambios con bitcoins. Además, se han habilitado doscientos cajeros para poder obtener estos dólares de forma física.
A través de este proyecto económico, se pretende atraer capital e inversión que permitan incrementar las reservas de divisas de un país con un elevado nivel de pobreza y limitadas capacidades de crecimiento. En teoría, esto favorecería a un país con una de las menores rentas per cápita, pero en la praxis existen innumerables riesgos que no parecen haberse sopesado.
Escepticismo y protestas
El lunes 6 de septiembre un bitcoin valía 44.000 dólares, pero desde que el pasado martes el presidente Bukele anunciara su arriesgado proyecto económico, la moneda no ha dejado de caer, perdiendo más de un 14% de su valor. El hecho de que no exista un marco regulatorio que dote de mayores garantías a estos mercados y plataformas digitales habría reforzado el escepticismo de la apuesta salvadoreña.
Además, a nivel local el bitcoin no parece funcionar bien como medio de pago debido a que, con mucha probabilidad, numerosas familias salvadoreñas desconocerán las implicaciones de esta moneda opaca y tan volátil, incluso para emplearla como instrumento cotidiano de pago.
Por eso, el experimento aterriza con escepticismo y protestas entre la población. Hasta el 60% de la ciudadanía no confía en las criptomonedas, precisamente por su volatilidad. La mayoría de los detractores de la medida señalan al presidente, acusado de populismo, por ejercer un poder personalista.
En cualquier caso, el anuncio del gobierno de El Salvador ha vuelto a abrir el debate sobre la necesidad de regular las implicaciones de las criptomonedas que, a la vista está, podrían llegar a competir con los principales bancos mundiales.
