"Tristemente, nuestras preocupaciones se han agudizado. En un periodo de dos años, se ha adoptado un número significativo de leyes que ponen en serio riesgo la independencia de la Justicia y de la separación de poderes en Polonia", comenzó su rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, voz del organismo en asuntos de Estado de Derecho.
La última reunión del año del colegio de comisarios europeos concluyó con el envío al Consejo de una propuesta razonada para pedirle que adopte una decisión en el marco del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (UE), que podría dejar a Polonia sin derecho de voto en esa institución y que se activa hoy por primera vez desde su creación.
Motivan esta decisión las reformas impulsadas por el partido gubernamental Ley y Justicia (PiS), de corte conservador, en el sistema judicial polaco, que preocupan a Bruselas por poner en tela de juicio la separación de poderes.
Entre otros cambios, permiten al presidente del país decidir si prolonga los mandatos de varios jueces del Tribunal Supremo o por cuánto tiempo lo hace, al tiempo que el ministro de Justicia ejerce también el papel de fiscal general.
"El patrón común de estas reformas es que los poderes legislativos se establecen de tal manera que la mayoría que gobierna interfiere en la composición y el funcionamiento de estas autoridades (judiciales), haciendo que la independencia judicial sea inexistente", incidió Timmermans.
La decisión marca un punto de inflexión en el tira y afloja que enfrenta a Varsovia y Bruselas prácticamente desde la llegada del PiS al gobierno en diciembre de 2015, con la apertura por parte de la CE en enero de 2016 de un diálogo con las autoridades polacas sobre este mismo tema.
Bruselas permanece dispuesta a mantener este diálogo "las 24 horas del día, 7 días a la semana" y deja la puerta abierta a dar marcha atrás en el proceso legal si Polonia implementa sus recomendaciones.
Con su decisión de hoy, el Ejecutivo comunitario pone en marcha el conocido como "mecanismo preventivo" del artículo 7 de los tratados europeos y pide al Consejo que adopte una decisión en este marco.
En su propuesta razonada, Bruselas señala más de trece actos legislativos que ha llevado a cabo el Gobierno polaco en los últimos dos años e insiste en los "numerosos contactos" con las autoridades de ese país para identificar una solución.
El caso queda ahora en manos de los países europeos que, tras obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y escuchar a la posición de Polonia, votarán si constatan "la existencia de un riesgo claro de violación grave" del Estado de Derecho.
Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de cuatro quintos de los Estados miembros sin contar el país aludido, es decir, 22 de 27 socios.
El castigo último a la deriva autoritaria que Bruselas percibe en Varsovia sería la retirada de su derecho a voto en las decisiones a nivel europeo, que forma parte del "mecanismo sancionador" del artículo 7 y solo se activaría con la unanimidad del resto de los Estados miembros.
Es improbable que se llegue hasta ese extremo, pues Hungría ya ha anunciado que no se posicionaría en contra de Varsovia, lo cual rompería la unanimidad de los socios.
En cualquier caso, Bruselas no es ajena a la reacción que va a generar su decisión entre los círculos más conservadores del Gobierno y la sociedad polacos.
"No soy ingenuo y sé que algunos intentarán venderlo como un ataque a la nación o al pueblo polaco, pero estoy firmemente convencido de que la Comisión es la guardiana de los tratados y tiene la responsabilidad de actuar", afirmó Timmermans.
Además de la activación del artículo 7, la CE emitió también una nueva recomendación del Estado de Derecho, que "complementa" a las tres anteriores e "invita" a Polonia a abordar preocupaciones en Bruselas sobre las recientes leyes del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional de la Judicatura, adoptadas el 15 de diciembre.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario anunció que referirá al Gobierno polaco al Tribunal de Justicia de la UE por el régimen de jubilación de los tribunales ordinarios por discriminación de género, ya que introduce una edad de jubilación diferente para las mujeres (60 años) que para los hombres (65).
