A través de una conversación telefónica, May ha confirmado a ambos dirigentes que no variará su postura pese a la decisión del Tribunal Superior de Londres, que obliga al Gobierno a recibir la autorización del Parlamento antes de invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciaría el proceso.
Un portavoz de Downing Street indicó que May mostró su "decepción" por este dictamen y reiteró que el Ejecutivo británico lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial, que deberá pronunciarse antes de final de año.
May anunció en octubre que invocaría el Artículo 50 unilateralmente, haciendo uso de una prerrogativa real, en el primer trimestre de 2017, con el argumento de que el referéndum del pasado 23 de junio le otorgaba legitimidad para hacerlo.
