El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados parte, ha recibido una demanda contra España presentada a título personal por el expresidente catalánCarles Puigdemont, ha confirmado el organismo. "Podemos confirmar que la Secretaría del Comité de Derechos Humanos ha recibido una comunicación en representación del señor Puigdemont contra España", ha dicho una de las portavoces de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Julia Gronnevet.
Ha explicado que ese órgano, constituido por expertos independientes y que se reúne en Ginebra, verificará si el expediente "cumple con los requisitos mínimos para ser registrado", en cuyo caso ello será transmitido a España. Sin embargo, esa "no será una decisión sobre su admisibilidad", ha aclarado la portavoz.
"No podemos proporcionar más información ya que el procedimiento es confidencial", ha agregado Gronnevet. Además de verificar periódicamente que los Estados cumplen con la citada Convención, el Comité de Derechos Humanos es competente para examinar quejas individuales contra ellos, siempre que el Estado denunciado haya ratificado el primer protocolo adicional a la Convención, lo que España hizo en 1985. Las quejas deben estar directamente relacionadas con la violación por parte del Estado de los derechos y libertades protegidos por la Convención.
Los plazos son muy extensos, empezando por la decisión sobre la admisibilidad de una demanda, que sólo puede ser tomada una vez que el Comité ha recibido y estudiado las observaciones y comentarios de ambas partes, lo que puede tomar varios meses o incluso años. Si al término de todo el procedimiento un Estado es encontrado culpable, el Comité le pide que ponga remedio a la violación.
En Bruselas, el abogado de Puigdemont, el británico Ben Emerson, ha anunciado la presentación de esa denuncia ante el Comité de la ONU para denunciar la presunta "violación" de sus derechos por parte del Estado español, y dijo que esperaba que el organismo "admita" el caso en un periodo máximo de un mes.
También ha estimado que el de su cliente es un caso "urgente" y que cada mes emprenderá una nueva acción "en el marco de una estrategia legal internacional" para revertir las supuestas violaciones de los derechos civiles y políticos de Puigdemont, prófugo de la justicia española en Bélgica.