Nada más conocer que los 132 diputados presentes en el Congreso decidieron por unaninimidad -sin ninguna abstención- quitarle el fuero al presidente, la Fiscalía pidió una orden de arraigo que un juez decidió otorgar en pocos minutos. El objetivo, según explicó la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, es garantizar la presencia de Pérez Molina en el país durante el "proceso penal" en su contra ya que existe "el riesgo" de que salga del país.
Aunque por el momento esta es la única medida que se decidió adoptar, Aldana no descartó "en un corto plazo" solicitar la prisión preventiva. La causa contra el mandatario se inició el pasado 21 de agosto, día en que el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron un antejuicio contra el presidente por tener pruebas suficientes para considerarlo uno de los líderes de la red de corrupción aduanera denominada "La Línea". Otras 28 personas están acusadas de participar en esta red criminal que defraudó millones de dólares al Estado, entre ellas su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya está en prisión. Este martes el Congreso fue el encargado de agilizar el proceso judicial contra el mandatario y permitir el inicio de una investigación en su contra.
"Habiendo mayoría, queda aprobado. Se declara con lugar la formación de causa, las diligencias de antejuicio, contra el presidente". Esta frase, pronunciada por el presidente del Congreso, Luis Rabbé, desató una fiesta cívica en Guatemala, por histórica. Pérez Molina, un general retirado de 64 años que llegó a la Presidencia de Guatemala en enero de 2012, se convirtió en el primer mandatario desaforado de la historia del país y, desde ese momento, podía ser investigado e incluso arrestado por su participación en "La Línea".
En apenas una hora y media, en la que se dio lectura a las actas anteriores y a la de este martes, los diputados decidieron quitarle el privilegio al mandatario. La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, una de las integrantes de la llamada Comisión Pesquisidora que avaló en un informe retirar la inmunidad a Pérez Molina, razonó su voto y dijo que la decisión "contundente" está basada en hechos que dan a suponer la participación del presidente en actos "penales".
"Nadie se alegra de lo que está pasando", sostuvo, pero agregó que todo acto debe tener consecuencias y que ahora es el momento de que la Justicia se pronuncie. El diputado de Unión Nacional de la Esperanza (UNE) Mario Taracena calificó de "triste y amarga" la sesión vivida este martes y dijo que "jamás" van a olvidar esta "experiencia". "Es un día que no es alegría sino de responsabilidad. Es un presidente que no supo escuchar", sostuvo.Por su parte, Roberto Alejos, de la bancada Todos, dijo que la clase política ha estado "abusando" de un pueblo que cada cuatro años acude a las urnas creyendo que, su participación electoral, "va a mejorar su calidad de vida", pero lo triste, agregó, es que "no lo consigue".
Mientras los diputados seguían en el hemiciclo razonando sus votos, la ciudadanía desafió a la lluvia y salió a celebrar que los congresistas hicieran historia y decidieran "por unanimidad", retirarle el privilegio al mandatario. Pese a las críticas, el presidente se ha aferrado al cargo y el lunes insistió en su inocencia y refutó, durante casi una hora, las acusaciones en su contra. No obstante, reconoció que el país atraviesa una situación "delicada y compleja" y que, él mismo, ha vivido la situación más "humillante" que jamás imaginó, aunque, a su juicio, no le queda otra alternativa que aguantar en el puesto para garantizar las elecciones del próximo domingo.
Más de 7,5 millones de guatemaltecos están llamados a las urnas el próximo día 6 para elegir a casi 4.000 cargos públicos, solo cinco días después de que su hasta ahora presidente perdiera su inmunidad. El mandato de Pérez Molina, que no puede presentarse a la reelección por ley, finaliza el próximo 14 de enero, cuando las nuevas autoridades tomen posesión.
