La Policía Federal sospecha que el grupo de políticos y militares integraron una "organización criminal" que intentó a toda costa mantener en el poder al expresidente Jair Bolsonaro.
En el marco de la investigación por el intento golpista del 8 de enero de 2023, el Tribunal Supremo le ha dado al expresidente 24 horas para que entregue su pasaporte, además de otras medidas cautelares como la suspensión de funciones públicas y la prohibición de mantener contacto con el resto de sospechosos. Son algunas de las medidas impuestas por el magistrado Alexandre de Moraes que conduce las investigaciones en el alto tribunal sobre la trama golpista, según las autoridades, actuó durante y después de las elecciones de 2022 para mantener en el poder a Bolsonaro e impedir el gobierno de Lula da Silva.
El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva asegura en la televisión pública brasileña que confía en la justicia y espera nadie vuelva a poner en jaque la democracia. "Están tratando de destruir algo que construimos hace muchos años: el proceso democrático. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo pagó?. No permitiremos que vuelvan a repetir los acontecimientos del 8 de enero", ha afirmado el mandatario brasileño.
Este jueves la justicia brasileña ha ordenado más de una treintena de órdenes de registro en varios estados brasileños. Según publica la prensa brasileña, han sido objeto de registros los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro entre 2019 y 2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos.
En el punto de mira de la Corte Suprema también está el que fuera ministro de Justicia, Anderson Torres, y Valdemar Costa, responsable del Partido Liberal que lidera Jair Bolsonaro.
