"No se justifica la adopción (del decreto) por vía de urgencia", explicó Ciorbea ante la prensa, tras anunciar que había enviado el recurso al Constitucional. La oposición de centro derecha y diversas ONG habían criticado la inacción del Defensor del Pueblo, que tiene como competencia cuestionar cualquier decisión del Gobierno.
Ciorbea, actualmente sin afiliación política, fue primer ministro de Rumanía a finales de la década de 1990. Llegó en 2014 al cargo de Defensor del Pueblo gracias al apoyo del hoy gobernante Partido Socialdemócrata (PSD).
Hasta ahora se había negado a tramitar el recurso alegando que carecía de vías legales para ello. El presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, y el Consejo Superior de Magistratura también pidieron a la Corte Constitucional que se pronuncie al respecto.
El Constitucional, que registró la petición ayer, espera ahora las explicaciones del Gobierno y del Parlamento, que tienen como fecha límite para ofrecerlas el próximo 7 de febrero. La polémica normativa penaliza los casos de corrupción solo si causan pérdidas al Estado por encima de 44.000 euros, mientras que por debajo sólo se iniciarán procedimientos administrativos.
Unas 200.000 personas se manifestaron anoche por tercer día consecutivo en varias ciudades de Rumanía en contra del decreto. Para esta noche y también para este fin de semana se prevén nuevas manifestaciones multitudinarias.
