El Poder Judicial de Perú retiró al juez César Hinostroza de la presidencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia por su implicación en el escándalo de corrupción de altos magistrados, en el que ofrecía absolver al violador de una niña de 11 años.
Una resolución publicada en el diario oficial El Peruano reubicó a Hinostroza en la Sala Constitucional y Social Permanente en detrimento de la jueza Silvia Rueda, la misma a la que se le pide sustituirlo durante las vacaciones de 30 días que este decidió iniciar el miércoles.
La vacante de Hinostroza en la Segunda Sala Penal Transitoria será ocupada por el juez Aldo Figueroa, protagonista hace unos meses de un vídeo donde se le apreciaba increpar a una agente de la Policía que le cuestionaba haber estacionado su automóvil irregularmente en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, anunció este miércoles que la Segunda Sala Penal Transitoria solo funcionará hasta final de junio, cuando será desactivada. Además de ofrecer la absolución para un violador de una menor de 11 años en las grabaciones telefónicas cuya difusión ha desatado este escándalo, la sala que presidía Hinostroza ya anuló en 2017 una sentencia de 30 años de prisión al violador de otra menor bajo el argumento de que había consentimiento de la víctima.
En otra grabación, Hinostroza coordina una reunión con una "señora K" de la "Fuerza número uno", que presumiblemente puede ser Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular, al que ella suele denominar como la primera fuerza política del país.
Precisamente, la sala que presidía Hinostroza tiene pendiente fallar sobre una recurso de Fujimori para archivar una investigación de la Fiscalía a ella y a su marido Mark Vito por la presunta financiación irregular del partido para sus campañas electorales a la Presidencia de Perú.
Otras sentencias polémicas en las que participó Hinostroza fue una que sentó jurisprudencia para archivar una investigación de la Fiscalía al exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez por presuntamente blanquear dinero para las campañas electorales de Fujimori.
Asimismo, rechazó trasladar a Lima la causa de Arlette Contreras, una de las víctimas más emblemáticas de la violencia de género en Perú, al supuestamente no contar con las garantías suficientes para un proceso justo en los juzgados de la región de Ayacucho, donde ella fue agredida.
El Poder Judicial también declaró en emergencia el distrito judicial del Callao, cuyo presidente de la Corte Superior de Justicia, Walter Ríos, también fue captado en conversaciones donde pedía garantías de hasta 10.000 dólares a cambio de ayudar en la promoción de fiscales y jueces.
Una comisión especial investigará la gestión de la Corte Superior y coordinará con la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, las medidas que resulten necesarias. Este escándalo de corrupción judicial llevó este miércoles al presidente de Perú, Martín Vizcarra, a anunciar una reforma del sistema de justicia, mediante un proyecto de ley que elaborará una comisión de expertos.