El magnate de los medios hongkoneses y fundador del diario crítico con Pekín Apple Daily, Jimmy Lai, fue detenido por "conspiración extranjera"
Lai fue detenido por agentes de la nueva unidad de Policía creada para aplicar la ley de seguridad nacional aprobada por Pekín el pasado junio. El diario hongkonés South China Morning Post señaló que el magnate fue arrestado por presuntamente violar esa ley de seguridad, aprobada por la Asamblea Nacional Popular (ANP, legislativo chino) y criticada por el movimiento prodemocrático, que considera que podría acabar con las libertades en la excolonia británica.
Según esta fuente, se prevé que otras diez personas sean detenidas hoy, en lo que sería la tercera serie de arrestos desde la entrada en vigor de la ley el pasado 30 de junio. Otro medios locales indicaron que otras siete personas han sido detenidas ya hoy por contravenir la ley de seguridad nacional.
Lai, nacido en la ciudad meridional china de Cantón, inició su fortuna en la industria textil y más tarde se introdujo en el sector de los medios de comunicación y fundó el Apple Daily, conocido por sus posiciones críticas con Pekín y en apoyo del movimiento prodemocrático hongkonés.
Cuando a principios de este año fue acusado por su participación en las manifestaciones de protesta de 2019 en la ciudad, los medios oficiales chinos le calificaron de "la mente en la sombra de los disturbios". El 30 de junio, cuando entró en vigor la ley de seguridad
nacional, Lai consideró que la nueva normativa era "la sentencia de muerte para Hong Kong" y dijo estar "preparado para ir a la cárcel".
Hong Kong dispone de un alto grado de autonomía desde que volvió a la soberanía china de manos británicas en 1997 y sus ciudadanos gozan de derechos como la libertad de expresión y prensa, impensables en la China continental.
La ley de seguridad nacional establece penas de hasta cadena perpetua para los delitos de secesión, subversión, terrorismo o "confabulación con fuerzas extranjeras". El movimiento prodemocrático hongkonés considera que la normativa posibilitará el castigo a la disidencia y reducirá la autonomía y las libertades del territorio, mientras que Pekín afirma que devolverá la estabilidad a la ciudad tras los disturbios de 2019.