De la Operación Espíritu han informado el teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y contra la Corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Francisco Almansa; José Manuel Alcorcón, jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria; y Elena Martín, responsable de Asuntos Técnicos de la Federación Española de Bebidas Espirituosas.
Han explicado que la red comercializaba las bebidas a precios más bajos que los del mercado y eludían el pago del IVA, que repercutían al cliente pero no ingresaban a la Hacienda Pública, por lo que les permitía vender el producto a inferior precio, lo que implica una competencia desleal a quienes pagan el IVA religiosamente.
La operación se ha llevado a cabo en las provincias de Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Barcelona, Gerona, Sevilla, Cádiz, Málaga, Lérida y Guadalajara, donde se han efectuado 14 registros y bloqueado varios centenares de productos financieros, 47 inmuebles de distinta naturaleza y 59 vehículos.
Los delitos que se imputan a la organización son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental. Más de 60 empresas formaban un entramado empresarial que ha sido descubierto a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Castellón en septiembre de 2016 sobre la existencia de un depósito fiscal ubicado en esa provincia y un presunto delito contra la Hacienda Pública.