Condenamos detención arbitraria de los cuerpos de seguridad contra el Magistrado electo constitucionalmente por la @AsambleaVE: Angel Zerpa.
— Julio Borges (@JulioBorges) 22 de julio de 2017
"Condenamos detención arbitraria de los cuerpos de seguridad contra el magistrado electo constitucionalmente por la Asamblea Angel Zerpa", escribió en su cuenta de Twitter el presidente del Legislativo, el opositor Julio Borges.
Borges, en un mensaje que fue difundido por el Parlamento en la misma red social, pidió a la comunidad internacional estar "alerta ante la persecución de la dictadura" del presidente, Nicolás Maduro, contra los recién nombrados magistrados.
La detención de Zerpa, un juez de larga experiencia que había sido designado magistrado principal de la Sala Político Administrativa, había sido anunciada minutos antes por el líder opositor Henrique Capriles en su cuenta de Twitter.
ATENCIÓN (II) Magistrado TSJ recién designado Angel Zerpa Aponte fue detenido hace unos minutos por funcionarios del Sebin! #22Jul
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 22 de julio de 2017
Capriles informó también de la existencia de una orden al Sebin para apresar y llevar ante un tribunal militar a los 33 magistrados del Supremo nombrados por el Parlamento, que tomó esta medida no reconocida por el Gobierno ni por los jueces en ejercicio del TSJ al considerar irregular el proceso de elección de estos últimos.
En un procedimiento urgente en diciembre de 2015 el Parlamento chavista, justo después de la holgada victoria opositora en las legislativas del 6 de diciembre y antes de que traspasara el poder de la Cámara a la nueva mayoría, designó a decenas de jueces.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, también ha denunciado la falta de corrección de estos nombramientos de 2015, y trató de impugnar sin éxito las designaciones de 33 magistrados que han sido acusados de servir al presidente del país, Nicolás Maduro.
Antes de ser nombrado magistrado, Zerpa era abogado defensor de Ortega, que rompió filas este año con el chavismo gobernante por los supuestos atropellos a la Constitución del TSJ y del Gobierno, en el proceso abierto contra ella en el Supremo, que le ha prohibido salir del país y congelado sus cuentas como medidas cautelares.