Los derechos de las personas trans han sufrido un drástico retroceso en Rusia. La agenda ultraconservadora que parece marcar la Rusia de Putin parece volver a imponerse en el país: ayer, la Duma - nombre que recibe la cámara baja rusa- aprobó una ley que ilegaliza el cambio de sexo tanto en los documentos oficiales como mediante la aplicación de operaciones de reasignación de género.
386 de los 450 diputados de la Duma han dado su visto bueno a una ley que no solo afecta a las personas trans que todavía no han optado por un cambio documental o quirúrgico, pues aquellos miembros del colectivo que ya se hayan sometido a un cambio de sexo no podrán, desde ahora, adoptar niños, y los matrimonios formalizados por ellos quedarán anulados. Los tratamientos ormonales quedan también ilegalizados, y solo se permitirán para tratar casos de malformaciones o trastornos que afecten a la zona genital.
Esta ley supone un retorno a un situación legal anterior al año 1997, cuando se aprobó una normativa que permitía el cambio de género en los documentos oficiales, sin que fuese necesaria la intervención quirúrgica. Desde 2018, se estima que 2700 ciudadanos han cambiado su género, y 200 de ellos oficializaron matrimonios tras acabar los trámites.
El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin - exasesor de Putin - ha celebrado la aprobación de la ley mediante su canal institucional de Telegram, afirmando que la normativa "protege a nuestros niños". En el mismo comunicado Volodin menciona que en Estados Unidos las operaciones de reasignación de género han aumentado en un 500 %, y afirma que se trata del "camino que conduce a la degeneración de la nación".
"Para nosotros, esto es inaceptable", concluye el político, que hace referencia con sus palabras a la teoría pseudocientífica del "contagio social" trans, surgida en 2018 precisamente en Estados Unidos, y promovida por grupos ultraconservadores de todo el mundo para oponerse a la redacción de leyes LGTBI.
La polémica ley de "propaganda" homosexual
En la misma sesión, el parlamento ruso ha adoptado una resolución para pedir al Gobierno que reconozca como enfermedades "los trastornos de la preferencia sexual, incluidos el travestismo y la pedofilia". Estas decisiones potencian aún más la agenda legislativa anti-LGTBI rusa, que el pasado mes de diciembre reforzó su polémica Ley contra lo que el Rusia considera "propaganda homosexual", impulsada en el año 2013. Por unanimidad, la Duma se puso de acuerdo en endurecer las sanciones contempladas por la ley: Aquellos que publiquen contenido que contenga "propaganda de relaciones no tradicionales" pondrán enfrentarse a multas de hasta 160.000 euros.
Dentro de esta "propaganda" se incluye, en la práctica, cualquier material - libros, series o películas- que muestre a parejas homosexuales, en cualquier contexto. La modificación de la ley - que equipara la pedofilia con el cambio de sexo- no solo endurece las penas, sino que amplía su aplicación: la ley del 2013 prohibía la exhibición de esta "propaganda" a menores, si bien ahora la prohibición se extiende a la totalidad de la población rusa.