El Gobierno ecuatoriano anunció la creación de un Comité de Reconstrucción que articulará todas las ayudas y acciones encaminadas a atender a los damnificados y reparar los daños provocados por el seísmo, especialmente en la provincia costera de Manabí y el sur de su vecina de Esmeraldas, las más golpeadas.
Esa fue una de las principales decisiones emitidas por las autoridades tras una reunión del Comité nacional de Operaciones de Emergencia (COE) efectuada hoy en Quito y encabezada por el presidente del país, Rafael Correa. El mandatario ha calculado, de manera preliminar, que los daños del terremoto podrían ascender a entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, lo que supondría entre el 2 y 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
No obstante, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas anunció la visita de una misión del organismo para evaluar la situación en las zonas afectadas y apoyar al Gobierno ecuatoriano en los estudios que se requieren para encarar la reconstrucción. A nueves días de la tragedia, la cifra de muertos asciende a 655, 48 personas están reportadas como desaparecidas y 29.067 han sido alojadas en albergues, aunque Naciones Unidas considera que la población damnificada llega a 366.000 personas.
Pese a la magnitud de la tragedia, especialistas de unos 25 países de todo el mundo, que llegaron pronto a Ecuador después del sismo, junto con ecuatorianos, han logrado rescatar con vida a 113 personas de entre los escombros. Y con la desolación causada por el terremoto, las autoridades ecuatorianas han empezado a evaluar también la vulnerabilidad del país frente a desastres naturales.
El propio presidente Correa ha sido uno de los primeros en recalcar que muchas de las viviendas y edificios colapsados, se pudieron venir abajo por malas prácticas de construcción. El mandatario incluso ha enviado una carta a la Fiscalía de su país para que lo investigue, pues en algunos casos, la posible negligencia en la construcción pudo contribuir al colapso de las estructuras y en la muerte de personas.
En su cuenta de Twitter, Correa escribió que, si bien "ahora viene la etapa de reconstrucción y reactivación", también se deben considerar las "responsabilidades". "Cientos de vidas se han perdido por construcciones de pésima calidad", aseguró, y dijo que el país debe saber "los nombres de quiénes, por ahorrar unos centavos, construyeron trampas mortales, así como de las autoridades que lo permitieron".
La precariedad de las construcciones también ha sido advertida por especialistas que han aconsejado mejorar los controles en materia de construcción como medida de prevención ante desastres. Incluso las autoridades han hablado de crear una Superintendencia que controle al sector inmobiliario y exija el cumplimiento de las normativas de edificación. Además, el Gobierno ecuatoriano ha advertido de que la reconstrucción de las zonas devastadas tomará su tiempo, algunos años, y por ello es necesaria la coordinación de acciones entre todos los sectores comprometidos con la tarea, sean del sector público, privado u organizaciones no gubernamentales.
El vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, que participó en la reunión del COE nacional, señaló que una de las decisiones adoptadas en esa cita fue la creación de un Comité de Reconstrucción, integrado por varios ministerios, gobiernos locales y representantes del sector privado. Dicho Comité buscará articular las acciones para seguir con la atención de la población (alimentación, salud, apoyo psicológico) y en la reconstrucción.
"Hay una gran cantidad de infraestructura que tiene que ser recuperada en viviendas, en sistemas de servicios básicos, en agua potable, en vialidad, en edificios de atención de servicios públicos como es educación y salud, y un eje de reactivación productiva", señaló Glas. Esto debe tener "una profunda articulación para que sea eficiente" y bajo el concepto de que la tarea "no es algo de corto plazo", subrayó
