El siglo XXI ha estado acompañado de grandes flujos de inmigración hacia las principales potencias mundiales, sin embargo, son muchos los ciudadanos e incluso algunos partidos políticos, los que rechazan la llegada de extranjeros ya que consideran, entre otras razones, que son los responsables del aumento de la delincuencia o el paro.
Ante esta ola de rechazo a la inmigración, muchos países han optado por endurecer sus leyes y garantizar, de esta forma, que entre el menor número de extranjeros posibles. Estos son algunos de ellos:
Australia
El partido conservador en Australia ganó las elecciones bajo la promesa de regular los flujos migratorios en una estrategia que denominada 'Fronteras Soberanas' y que funcionaba desde 2013. Se encargaron de endurecerla y consistía en impedir que los barcos con refugiados, generalmente de Indonesia, tuvieran prohibido desembarcar en sus costas. A partir de esta, se obligaba a los migrantes a regresar a sus países de origen o bien eran detenidos.
Muchos de estos centros de detención no se ubican en la propia isla, sino en algunas más pequeñas, como Papua Nueva Guinea o Nauru. El Gobierno asegura que esto permite disuadir a los inmigrantes de intentar acceder a Australia.
O, por ejemplo, también ha optado en los últimos años por dificultar la concesión de visados con el fin de reducir el número de inmigrantes residentes.
Japón
Japón es posiblemente uno de los países más cerrados a la inmigración, y es que en 2019, únicamente acogía a 2,5 millones de extranjeros, un 2% de la población. Además, cuenta con una tasa de aprobación de visados ínfima, un 0,2%.
En 2009, puso en marcha un plan para reducir la presencia inmigrante y ofrecía 3.000 dólares a los latinos de descendencia japonesa para que abandonaran el país.
Sin embargo, en los últimos años ha tenido que relajar sus exigencias porque observaron que les era imposible encontrar suficiente mano de obra y decidieron conceder permisos de residencia a inmigrantes poco cualificados para paliarlo en sectores como la construcción, el cuidado de ancianos o la limpieza.
Aun así, la opinión pública nipona sigue siendo muy reacia a la inmigración y creen que permitir esta apertura solo supondrá aumentar la delincuencia.
Hungría
El líder ultraderechista, Viktor Orbán, comenzó con su llegada al poder una cruzada contra la inmigración. En 2018, aprobó la polémica ley que castigaba con pena de prisión a todos aquellos que ayudaran a los extranjeros que entraran en el país de forma irregular.
En 2015 también decretó un 'estado de crisis por inmigración masiva', que significaba que se activaría cuando las solicitudes de asilo fueran un promedio de 500 al mes o en dos semanas aumenta a 800 al día. A través de esto, puede ordenar intensificar los controles fronterizos y solicitar al ejército que revisara las posesiones de los migrantes.
En este mismo año, hizo instalar kilómetros de alambre de espino en la frontera con Serbia y Croacia con el objetivo de evitar la llegada de extranjeros de Oriente. De la misma forma, Hungría ha recalcado en muchas ocasiones que no va a respetar la normativa europea en relación a inmigración y asilo.
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda, tras la pandemia y la crisis económica, se sumó a la ola de restringir el acceso a extranjeros. Para ello, anunció en mayo de 2021 que iba a limitar la entrada de migrantes, pero especialmente a aquellos menos cualificados y para trabajos con salarios más bajos.
Se percataron de la gran dependencia de la inmigración y el Ejecutivo de la socialista Jacinda Andern implantó estas medidas para fomentar la contratación de neozelandeses.
