Expertos de la ONU advierten de que los bombardeos de la coalición en Yemen podrían ser crímenes de guerra

En su informe de 41 páginas y que cubre el periodo entre septiembre de 2014, cuando los huthis se hicieron con el control de Saná, hasta junio de 2018, los expertos han documentado que las partes en conflicto en Yemen habrían perpetrado, y seguirían haciéndolo, violaciones y crímenes en virtud del Derecho Internacional, si bien sería necesario que un tribunal independiente y competente lo ratifique.

En concreto, han considerado que hay "motivos razonables para creer que personas en el Gobierno de Yemen y en la coalición podrían haber realizado ataques en violación de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que podrían equivaler a crímenes de guerra" por los bombardeos aéreos, los cuales han provocado la mayoría de las víctimas civiles directas.

Según han constatado, dichos bombardeos han alcanzado zonas residenciales, mercados, funerales, bodas, centros de detención, embarcaciones civiles e incluso instalaciones médicas. De acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, desde que el conflicto estalló en marzo de 2015 y hasta el 23 de agosto en Yemen se han contabilizado 6.600 civiles muertos y otros 10.563 heridos, si bien se cree que las cifras reales serían muy superiores.

"Hay pocas pruebas de ningún intento por las partes en el conflicto de minimizar las víctimas civiles. Les pido que prioricen la dignidad humana en este conflicto olvidado", ha reclamado el presidente del grupo de expertos, Kamel Jendoubi.

Por otra parte, los expertos también han visto "motivos razonables" para considerar que las restricciones navales y aéreas impuestas por la coalición "constituyen una violación de la norma de proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario". Además, han añadido, el cierre efectivo del aeropuerto de Saná es una violación de la obligación de proteger a enfermos y heridos. Estos actos podrían constituir crímenes internacionales, han advertido.

En este sentido, Jendoubi ha instado a todas las partes a "adoptar las medidas necesarias para eliminar las restricciones desproporcionadas sobre la entrada rápida y segura a Yemen de suministros humanitarios y otros bienes indispensables para la población civil y el movimiento de personas, incluido el aeropuerto de Saná, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario".

Asimismo, los expertos han denunciado que las detenciones arbitrarias están generalizadas en el país, al igual que los malos tratos y las torturas en algunas instalaciones, y han criticado a los huthis por usar armamento de gran alcance en sus acciones en Taiz pese a tratarse de una situación de "guerra urbana".

Igualmente, los expertos tienen información sobre el uso de niños soldados tanto por las fuerzas gubernamentales como por los rebeldes, a los que se ha usado para "participar activamente en las hostilidades". Según los expertos, aunque la mayoría de los menores tienen entre 11 y 17 años, hay informaciones de casos de tan solo 8 años.

Según Jendoubi, "la responsabilidad legal primaria de abordar estas violaciones y crímenes compete al Gobierno de Yemen, el cual tiene la obligación de proteger a las personas bajo su jurisdicción". Por ello, ha reclamado al Ejecutivo de Abdo Rabbu Mansur Hadi que "investigue y procese las violaciones que equivalen a crímenes por parte de sus ciudadanos y Fuerzas Armadas".

El grupo de expertos ha indicado que en los casos en los que ha sido posible ha identificado a las personas que podrían ser consideradas responsables de crímenes internacionales y ha remitido una lista confidencial con los nombres al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En otros casos, los expertos necesitan más información para establecer la responsabilidad.