El sistema de falsificación de emisiones se instaló en un total de 104.000 vehículos de gran cilindrada que equipados con motores diésel. Del total pactado, 305 millones se abonarán a los reguladores en concepto de multa. Otros 280 millones se destinará a resolver las demandas de los dueños de coches afectados y 100 millones a garantías.
También incluye 72,5 millones para zanjar las investigaciones de los estados y 19 millones para California. La compañía ya incluyó en sus últimos resultados una provisión de 800 millones para afrontar los costes legales. el dispositivo ilegal se instaló en camionetas pickup Ram y todoterrenos Jeep que se vendieron entre 2014 y 2016.