Los fiscales Cassio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo han argumentado que la prisión preventiva es necesaria para garantizar "el orden público, la instrucción del proceso judicial y la aplicación de la ley penal".
La Fiscalía ha acusado a Lula de ocultación de patrimonio, una versión del delito de blanqueo de capitales por el que podría ser condenado a entre tres y diez años de cárcel, y falsedad ideológica, con un marco penal de uno a tres años. Su mujer, Marisa Leticia, y uno de los hijos del matrimonio, Fábio, han sido acusados de lavado de dinero. El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, ha restado importancia a la petición del Ministerio Público. "Se basa en testimonios de personas que sospechan que el inmueble estaba siendo construido para el ex presidente", ha indicado.
Zanin Martins se ha mostrado seguro de que la solicitud de la Fiscalía será rechazada por la jueza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira por la "fragilidad" de los argumentos. "No tiene sentido atribuir una casa a un dueño que nunca la ha usado", ha esgrimido. Los investigadores creen que Lula es el verdadero dueño del tríplex ubicado en el Edificio Solaris, un condominio de lujo de Guaruja, en Sao Paulo, construido por el grupo de ingeniería OAS, involucrado en el escándalo de corrupción de Petrobras.
El Instituto Lula aclaró en enero --cuando la prensa se hizo eco de las pesquisas-- que el ex presidente "nunca escondió que compró participaciones de Bancoop (la cooperativa) para tener un apartamento en el Edificio Solaris, algo que fue declarado a la Hacienda Pública". Además, explicó que "para tener el apartamento, tanto de hecho como de derecho, sería necesario pagar la diferencia entre el valor de las participaciones y el valor del inmueble". "Y la familia del ex presidente no ha ejercido ese derecho", subrayó.
La denuncia de Sao Paulo llega después de que el pasado viernes Lula fuera brevemente detenido por la Policía para interrogarlo por la red de cobro de sobornos a cambio de contratos de Petrobras, por lo que su defensa lo ha atribuido a un intento de manchar la reputación de Lula. "Nuestro calendario es judicial, poco importa si este o aquel procedimiento tiene repercusiones políticas", ha dicho Blat, en declaraciones recogidas por el diario brasileño 'Folha' durante una rueda de prensa.
Según han detallado los fiscales, la denuncia contra Lula nace de una investigación que arranca en 2010. Tenían previsto presentarla hace varias semanas pero se ha retrasado por maniobras dilatorias de la defensa de los acusados, han sostenido.
