"Como muy tarde a finales de octubre, una vez que las autoridades de Túnez confirmaron la identidad de Anis Amri, se podría haber solicitado una petición para su arresto provisional pero nunca se hizo", ha explicado el político conservador durante una comisión de investigación celebrada en el Parlamento regional de Renania del Norte-Westfalia, en la que ha comparecido como testigo.
"Por qué se debe demorar más de tres meses la obtención de un pasaporte una vez que ya está aclarada la identidad?", se ha preguntado el ministro alemán sobre la imposibilidad de deportar al joven tunecino ante la falta de documentos que debían remitir desde su país de origen.
"Además, en el caso de Anis Amri el plazo de los tres meses no habría ayudado porque él, con sus diversas identidades, contribuyó a que los plazos del procedimiento se dilatasen", ha explicado. De hecho, a pesar de que las autoridades alemanas le denegaron el asilo político a Amri, no pudieron deportarlo por falta de documentos de identidad que esperaban de Túnez. El joven tunecino utilizó 14 identidades diferentes tras llegar a Alemania en 2015 y mantuvo contacto con círculos salafistas en Alemania.
El Parlamento regional de Renania del Norte-Westfalia, el estado federado del oeste de Alemania en el que Anis Amri estaba registrado como solicitante de asilo, decidió crear una comisión de investigación para determinar por qué el joven no fue deportado a Túnez a pesar de que su solicitud de asilo había sido denegada. Las declaraciones del ministro del Interior de Maziére han sido un tanto contradictorias con el testimonio prestado con anterioridad por Bernhard Kretschmer, el principal investigador del llamado "caso Amri", quien destacó que no existían suficientes indicios sobre delitos cometidos por el joven que justificasen su detención.
El 19 de diciembre pasado, Anis Amri embistió a la multitud en un mercado navideño con un camión causando la muerte de 12 personas e hiriendo a otro medio centenar. El atentado fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Sobre el joven, a quien las fuerzas de seguridad vigilaban al considerar que podría resultar peligroso, pesaba una orden de expulsión de Alemania que nunca llegó a ejecutarse.
Para evitar que un caso similar vuelva a ocurrir, el Gobierno de Merkel aprobó tres semanas después de ese atentado un paquete de medidas contra potenciales terroristas. Entre ellas, se dio luz verde a la introducción de tobilleras electrónicas para vigilar a sospechosos de terrorismo y se aprobaron modificaciones legales que permiten la detención de potenciales islamistas aunque no existan pruebas de que hayan cometido un delito grave.
