El proyecto de Ley sobre los sindicatos, que empieza a tramitarse este miércoles en la Cámara de los Comunes, exige que una huelga solo pueda celebrarse si participan en la votación al menos el 50% de los afiliados al sindicato que la convoca.
Además, en los servicios públicos claves, como sanidad, educación, bomberos, transporte, seguridad de fronteras y energía, para que la huelga salga adelante se requerirá el apoyo de al menos un 40% del total de afiliados.
En la mayor reforma de los derechos sindicales desde la época de la primera ministra conservadora Margaret Thatcher, este nuevo texto demanda a los sindicatos informar de la huelga a la dirección con 14 días de antelación, y autoriza a esta a contratar a personal de agencia para cubrir a los huelguistas.
También prevé prohibir los piquetes de más de seis personas para evitar "la intimidación" de los trabajadores que decidan ir a trabajar, de forma que por encima de ese número podrán ser detenidos los integrantes de esos grupos.
En lo que los sindicatos y la oposición han tildado de maniobra política, el proyecto gubernamental dispone que los sindicalistas deberán elegir expresamente si desean donar parte de su cuota al Partido Laborista.
