"Hay argumentos a favor y en contra sobre si el 'Grexit' (la salida de Grecia del euro) es posible legalmente", dijeron a Efe fuentes comunitarias, que también subrayaron que "lo que ocurre es que no hay disposiciones específicas en los tratados que digan que el acceso a la zona euro es reversible".
En la práctica, si un miembro insolvente de la Eurozona se queda sin la cobertura del BCE, como le está pasando a Grecia, se puede ver obligado, para salvar su sistema financiero, a introducir la moneda nacional, ya sea de forma temporal o definitiva.
Pero desde el punto de vista jurídico no están en absoluto claros los procedimientos, ni los derechos y obligaciones que tendría respecto a sus antiguos socios y viceversa, por lo que Grecia entraría en un auténtico limbo legal.
El Gobierno griego, a través de su ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, ya ha avanzado que haría uso "de todos los recursos legales" para evitar una salida del euro, incluyendo acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Mientras el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se ha esforzado por interpretar la consulta popular como una baza negociadora, Bruselas ha hecho una lectura diferente y ha advertido de que un "no" equivale a salir del club de la moneda única.
El euro, la moneda oficial para 19 de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea (UE), es un proyecto político y económico que sus socios se plantearon como algo irreversible, y como tal quedó plasmado en los Tratados de la Unión Europea (TUE) y de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Esta es su primera crisis de envergadura desde que se introdujera en los mercados financieros mundiales como moneda de cuenta el primero de enero de 1999 y entrase en circulación también el primero de enero de 2002 en doce países, entre ellos Grecia, mientras que hoy son ya diecinueve y es utilizada a diario por más de 330 millones de europeos.
Las mismas fuentes comunitarias recordaron que sí existe, sin embargo, una disposición introducida en el Tratado de Lisboa para permitir a un país abandonar la Unión Europea.
Ese tratado, que entró en vigor en diciembre de 2009, contempla por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro se retire voluntariamente de la Unión, a través de su artículo 50.
Para ello es necesario que el Estado en cuestión comunique su intención al Consejo Europeo, y que después negocie un acuerdo internacional que establezca la forma de retirada y el marco de sus futuras relaciones con el club europeo.
Ese acuerdo ha de ser aprobado por mayoría cualificada del Consejo, previa aceptación por el Parlamento Europeo, y dos años después de la entrada en vigor del acuerdo de retirada, los tratados dejan de aplicarse a ese país.
Sin embargo, los tratados de la Unión Europea no mencionan la posibilidad de salirse del euro.
Sí indican que la Unión establecerá una unión económica y monetaria con el euro como divisa a la que deberán sumarse -es una obligación, no una opción- los países que cumplan con las condiciones macroeconómicas requeridas.
Tan sólo Dinamarca y Reino Unido obtuvieron el beneficio de acceder a la moneda única si lo deseaban, y no por obligación.
Los tratados europeos contemplan a la moneda única como parte del acervo comunitario, es decir el conjunto de normas vigente en la UE que deben aceptar todos los estados que pretendan entrar en el club europeo.
Igualmente subrayan que para sumarse al euro se ha de cumplir con "la estabilidad de precios, tener unas finanzas públicas y unas condiciones monetarias saneadas y una balanza de pagos sostenible", además de señalar que incumplimientos como los déficit excesivos pueden llevar a que el Consejo pida al estado miembro incumplidor medidas temporales para corregirse y que de no hacerse, puede llevar a sanciones.
Otras fuentes europeas recordaron que "incurrir en sanciones por déficit excesivo no lleva a una exclusión de la moneda única".
Para el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, los griegos que voten 'no' estarán debilitando "radicalmente" la posición negociadora de su país ante los acreedores internacionales.
"Si los griegos votan 'no', habrán hecho todo menos reforzar la posición negociadora griega", consideraba Juncker el viernes.
