La norma ha sido criticada por la ONU, a través de Acnur y de Unicef, y por numerosas ONG de derechos humanos.
Una de ellas, el Comité Helsinki de Hungría, logró que la ley recibiera en su primer día de aplicación un correctivo legal, puesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó hoy una resolución provisional para impedir que nueve refugiados sean internados en un centro cerrado.
La sentencia se refiere a ocho menores de entre 14 y 18 años y a una mujer embarazada, que están esperando una decisión sobre sus solicitudes de asilo.
"Como se trata de representantes de grupos vulnerables, el Tribunal decidió hoy sobre esta medida, para que no se dé una situación que posteriormente no se puede reparar", explica a Efe Zsolt Zádori, portavoz de Comité Helsinki de Hungría, que solicitó al Tribunal esa actuación el pasado viernes.
Zádori argumenta que "la detención de todos los solicitantes de asilo contradice el derecho europeo y también la razón".
"Es absurdo que alguien quiera ejercer un derecho y sea encerrado justamente por eso", analiza.
La norma fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de que dispone el partido del Gobierno, el conservador Fidesz, que contó además con el respaldo del ultranacionalista y xenófobo Jobbik.
Esta ley establece que los demandantes que cruzan la frontera húngara presenten sus solicitudes en las llamadas zonas de tránsito, en las que quedarán retenidos hasta que se resuelva el proceso.
Unicef ha advertido de que "es traumático detener a niños refugiados e inmigrantes que huyen de la violencia y la persecución y buscan una vida mejor".
Además, Amnistía Internacional y el Comité Helsinki han alertado de que la ley niega la protección infantil a los menores de entre 14 y 18 años, algo "sin precedentes en Europa".
"Los principios europeos se han elaborado de una manera conjunta y se han acordado por unanimidad de todos los Estados miembros y, por lo tanto, deben ser respetados y aplicados por todos", recordó hoy en Budapest el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, tras reunirse con el ministro de Interior húngaro, Sándor Pintér.
Sin criticar directamente la nueva ley, Avramopoulos se limitó a decir que ha acordado colaborar con el Gobierno húngaro para "garantizar que se cumplan las reglas de la Unión Europea (UE)".
Ese tibio mensaje contrasta con la exigencia de una reacción más contundente por parte de Bruselas, formulada hoy por Human Rights Watch.
"En beneficio de los solicitantes de asilo en Hungría, de aquellos en otros países tentados a seguir los pasos de Hungría y de la credibilidad de los valores de la UE, Avramópulos debería exigir que Hungría modifique el rumbo" de sus políticas, reclamó HRW.
Esta ONG denunció que la UE ha sido reacia a exigir responsabilidades a Hungría por sus políticas "contra los solicitantes de asilo" que, enumera, han ido desde la construcción de vallas a la persecución penal y la expulsión "algunas veces violenta".
Por eso, HRW llega a pedir a la UE que aplique medidas legales para forzar a Hungría a modificar sus políticas de inmigración.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lleva dos años utilizando un duro discurso contra la inmigración y los refugiados, hasta el punto de relacionarlos con el terrorismo.
"Nadie puede entrar ni circular libremente por Hungría sin que se aclare su identidad y sus intenciones", declaró recientemente Orbán, mientras que su gobierno asegura que con estas medidas se están defendiendo las fronteras de la UE y la zona de Schengen de libre circulación.
Además, el Gobierno húngaro argumenta que con la nueva ley no se detiene a los refugiados, ya que estos pueden optar por regresar a Serbia, país desde el que cruzan a Hungría.
En cualquier caso, en el país centroeuropeo, por donde en otoño de 2015 pasaron cientos de miles de personas en dirección a Europa Occidental, prácticamente no hay refugiados.
No se sabe aún cuándo serán trasladados a las zonas de tránsito los 350 solicitantes de asilo que se encuentran en diferentes centros de acogida en el país.
Pese a ello, el Gobierno húngaro acaba de prolongar hasta el próximo septiembre el estado de alerta por inmigración masiva. De hecho, la ley que entró en vigor hoy sólo puede aplicarse al amparo de ese estado de alerta.
Hungría gastará hasta mayo 123 millones de euros en la construcción de una segunda valla en la frontera con Serbia para detener a los refugiados que intenten entrar en territorio del país y de la zona de Schengen.
