La Comisión Nacional de Ética en la Investigación de Brasil (CONEP) está investigando la muerte de 200 personas que fueron ingresadas en varios puntos del país y que participaron sin ser informados en un estudio experimental que tenía como objetivo probar en pacientes contagiados de Covid-19 la proxalutamida, un medicamento que se usa en algunos tipos de cáncer.
Un fármaco que no se puede usar en Brasil
Según publica el diario El País, este fármaco no se puede usar en Brasil porque no está registrado, aunque a pesar de ello, se autorizó que se realizara este estudio clínico para comprobar la eficacia del medicamento para reducir la infección provocada por el coronavirus.
Durante el tratamiento con el fármaco, familiares de los afectados cuentan que el equipo médico no hizo ningún seguimiento para comprobar la cantidad ni la forma en que los pacientes tomaban los medicamentos: "No se nos explicó qué medicamento era ni que se trataba de un estudio. Solo nos dieron un papel que firmamos porque confiamos en los médicos".
Se usó con pacientes "gravemente enfermos"
La CONEP ha reconocido que autorizó a principios de año la realización de otros estudios sobre la proxalutamida, pero que el que se realizó contó con más personas de las que se aprobaron inicialmente -un total de 645 participantes, cuando el número permitido era de 294- y que se llevó a cabo fue con "pacientes de cuidados intensivos gravemente enfermos".
El órgano del Ministerio de Sanidad ha reconocido en un informe que ven "indicios de irregularidades en el estudio, así como transgresiones de las normas vigentes sobre ética en investigación con seres humanos".
Infracción ética y violación de los derechos humanos
Asimismo, la Red Latinoamericana y del Caribe de Educación en Bioética de la Unesco hizo público un documento el pasado 9 de octubre en el que señala que este episodio podría ser uno de los más "serios y graves de infracción ética y de violación de derechos humanos" de pacientes en la historia de América Latina.
"Es urgente que, si se demuestran las irregularidades, se investigue a todos los implicados —incluidos los equipos de investigación, las instituciones responsables y los patrocinadores, nacionales y extranjeros— y se les exija responsabilidades éticas y legales", señala el documento.
