En concreto, acusan al comandante y al coordinador de la nave de asociación para delinquir para la inmigración ilegal. Según la acusación, había una voluntad de llevar a los inmigrantes a Italia en violación de las leyes y acuerdos internacionales que consideran preceptivo entregarlos a los libios.
Pozzallo fue el puerto seguro asignado al 'Open Arms' tras lo ocurrido en el Mediterráneo, donde la embarcación escapó de una patrullera libia que amenazó con abrir fuego si no entregaban a los inmigrantes rescatados de una lancha neumática. El buque pasó de aguas libias a aguas internacionales.
"Han cometido el crimen de la solidaridad", se ha lamentado la abogada Rosa Emanuela Lo Faro, responsable de la defensa del comandante del 'Open Arms'. "El decreto ley 286 de 1998 dice claramente que no comete delito quien rescata a personas", ha argumentado.