Los jueces del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) fallarán sobre la concesión de la inmunidad al expresidente independentista catalán, Carles Puigdemont, y a otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, que salieron de España huyendo de la justicia.
Con esta decisión se resolverá el recurso que los líderes independentistas interpusieron en 2021 contra la Eurocámara por retirarles la protección parlamentaria, aceptando el suplicatorio que pidió el Tribunal Supremo para poderles juzgar algún día en España por la causa del "procés".
El fallo, no obstante, se podrá recurrir, por lo que sus efectos pueden no ser definitivos y sus consecuencias dependerán también de las decisiones que adopte el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa del 1-0 en el Supremo.
Los líderes independentistas denuncian la falta de imparcialidad
Puigdemont, Comín y Ponsatí piden la anulación de suplicatorio porque consideran que el Tribunal Supremo carece de competencias para solicitarlo, ya que, en su opinión, quien debe juzgarles es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Reclaman la inmunidad permanente alegando que en España sufren persecución política
Además, denuncian que el proceso careció de imparcialidad porque el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que estudió el caso es el español Adrián Vázquez (de CS), un partido que ha mostrado "hostilidad" hacia el independentismo, según expusieron ante el TGUE los abogados de Puigdemont.
El expresidente catalán y sus exconsejeros tienen reconocida actualmente la inmunidad de forma provisional hasta que hoy se dicte la sentencia, pero reclaman al TGUE que se la conceda de forma permanente, alegando que en España sufren "persecución política".
Evitar que el juez Llarena ejecute la euroorden de detención
La defensa de Puigdemont ha evitado confirmar si el expresidente volvería a España en caso de recuperar la inmunidad.
Por contra, si la sentencia les es desfavorable, la recurrirán ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE, y volverán a pedir medidas cautelares para gozar de inmunidad hasta que se resuelva definitivamente el caso. Con esto, quieren evitar que el juez Llarena ejecute la euroorden de detención si se les retira la inmunidad.
