Liberan a una universitaria que abortó involuntariamente en prisión en medio de la crisis en Nicaragua
La universitaria nicaragüense María Alejandra Castillo García, que sufrió un aborto espontáneo en prisión a donde fue llevada tras participar en protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue liberada, informó su padre.
Castillo García, estudiante de geología de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), se encuentra en el hospital materno-infantil "Bertha Calderón" y tiene orden de libertad, confirmó su padre José Luis Castillo, a los periodistas. "Gracias a Dios, está bien", afirmó el padre, sin ofrecer mayores detalles sobre el estado de su hija.
Estudiantes aglutinados en el movimiento "Facultades Organizadas de la UNAN-Managua" denunciaron públicamente a la Policía Nacional por obstrucción de atención médica a la joven, que sufrió un aborto espontáneo en prisión. Según esos estudiantes, Castillo García fue llevada el pasado jueves de emergencia a un hospital de Managua, tras 15 días de sufrir un sangrado en la cárcel, y señalaron que la Policía se habría opuesto a la realización de un legrado.
De acuerdo con la denuncia, la Policía también habría negado el ingreso de una ginecóloga para atender a la universitaria y a que la joven fuera vista por sus familiares en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, una prisión que en los últimos años ha sido denunciada como centro de torturas por organismos humanitarios.
La denuncia de los universitarios se dio pocas horas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre la crisis en Nicaragua, en el que señaló "situaciones de malos tratos y demoras en brindar atención médica" por parte de las autoridades nicaragüenses contra los manifestantes.
En agosto pasado la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno de "más de 300 muertos", además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El 5 de octubre la estudiante de comunicación Elsa Valle denunció que fue obligada a abortar mientras estuvo prisionera durante cinco meses tras participar en una protesta contra el Gobierno.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado". Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.