Según confirmaron a Efe fuentes judiciales, la apelación negada fue presentada por un ciudadano y era similar a una interpuesta hace poco más de un mes ante el mismo STJ, que la rechazó entonces por unanimidad, y a otra también desestimada por la Corte Suprema este miércoles.
La propia defensa de Lula y diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado en las últimas horas "decenas" de pedidos de esa naturaleza, que aún no han sido decididos por el juez Fischer.
Lula ha sido condenado a doce años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero y hasta ahora la Justicia ha negado todas las apelaciones que ha presentado para impedir su encarcelamiento tras la confirmación de la pena en segunda instancia.
Los últimos intentos de librar de la cárcel al líder más popular del país fueron planteados al STJ hoy mismo, apenas unas horas antes de que se cumpla el plazo dado por el juez Sergio Moro, que ordenó la prisión, para que el expresidente se presente a las autoridades para comenzar a cumplir la pena.
Ese plazo vence a las 17.00 hora local (20.00 GMT) y Lula aún no ha aclarado si está dispuesto a entregarse o si, por el contrario, como sostienen algunas fuentes del Partido de los Trabajadores (PT), resistirá al arresto, que quedaría a cargo de la Policía Federal si se llegara a ese extremo.
Desde la tarde de este jueves, cuando fue dictada la orden de captura, Lula ha permanecido acuartelado en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de la ciudad de Sao Bernardo do Campo, donde comenzó su carrera política en la década de 1970.
Allí pasó la noche junto a dirigentes del PT y de movimientos sociales y arropado por cientos de militantes que se han concentrado en su apoyo y mantienen el edificio prácticamente rodeado.
La defensa de Lula ha confirmado que, así como apeló al STJ, ha solicitado una medida cautelar que impida su ingreso en prisión al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Ginebra.
Así como ocurrió en todas las apelaciones anteriores, la defensa alega que, según la Constitución brasileña, una persona no puede ser encarcelada hasta que se agoten todos los recursos posibles, que en el caso de Lula aún llevarían aún al propio STJ y al Supremo.
Sin embargo, la Corte Suprema ha ratificado una decisión que adoptó en 2016, según la cual una pena puede empezar a ser ejecutada una vez que se confirme en segunda instancia, lo cual es el caso de Lula.