La sentencia ha sido dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras, quien ha encontrado a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, así como por su vinculación con una vivienda de lujo que le habría sido entregada como soborno.
Esta es la primera condena que recibe el ex mandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras.
En el caso de la sentencia dictada, Lula estaba siendo acusado por la Fiscalía de corrupción pasiva y lavado de dinero por haber recibido supuestamente 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras.
El pago de esos sobornos se habría materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).
El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de "favores" hechos desde el poder a esa constructora.
A pesar de la condena, el ex mandatario aún podría aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuese ratificada en segunda instancia.
Lula aparece actualmente como el líder más valorado en las encuestas y aunque aún no lo ha hecho oficial, ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de volver a competir en unos comicios.
Además de las causas ya abiertas, Lula podría llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en confesiones hechas por ex directivos del grupo Odebrecht, y también está salpicado por revelaciones de ejecutivos del grupo JBS.
En este último caso, por los testimonios dados por los dueños de esa empresa, la Fiscalía también ha presentado una denuncia formal por corrupción pasiva contra el actual mandatario, Michel Temer, quien podría ser despojado del cargo si el Congreso avala el inicio de un juicio penal.