Macron reconoció que sus palabras "han herido a algunos" en el pasado y consideró justificado el descontento que ha provocado las protestas, por lo que anunció que decreta un "estado de emergencia económico y social" para hacerle frente.
En una locución televisada de 13 minutos de duración, admitió que el país afronta "un momento histórico" y pidió a las grandes empresas que participen en el esfuerzo necesario para cambiar la situación.
Macron indicó que ese aumento del salario mínimo (que en la actualidad es de 1.498 euros brutos) entrará en vigor en 2019 "sin que le cueste nada al empleador" y añadió que las horas extraordinarias estarán exentas de impuestos y cargas también a partir del año que viene.
El mandatario solicitó además a los empresarios "que puedan" que entreguen a sus empleados una prima de fin de año que también quedará exonerada.
Asimismo, recalcó que los jubilados que ganen menos de 2.000 euros mensuales verán anulada la subida de la Contribución Social Generalizada (CSG), un impuesto proporcional sobre los ingresos profesionales o de capital que financia la Seguridad Social.
Por el contrario, no aceptó reinstaurar el impuesto sobre la fortuna (ISF), que lo pagaban aquellos con un patrimonio neto imponible superior a los 1,3 millones de euros y que fue sustituido por un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI).
"Queremos una Francia donde una persona pueda vivir dignamente de su trabajo. Pido al Gobierno y al Parlamento que hagan lo necesario", concluyó sobre el conjunto de medidas previstas, que fueron acompañadas de una condena a los actos de violencia registrados en las protestas.