El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que contra su homóloga brasileña, Dilma Rousseff, hay en marcha un golpe de Estado "mediático y judicial" que busca acabar con su liderazgo, una supuesta operación que también afectaría a Luiz Inácio Lula Da Silva.
"En el transcurso de la tarde de hoy me comuniqué con varios presidentes de América Latina y El Caribe muy preocupados por el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, no dudo en calificarlo de esa forma, hay un golpe de estado mediático y judicial contra la presidenta", dijo Maduro. El jefe de Estado venezolano hizo este comentario desde un acto que encabezó desde el palacio presidencial de Miraflores que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión en el que señaló que este "golpe" también es contra Lula.
"Se ha decidido una operación para, de manera riesgosa, amenazante y peligrosa, desaparecer y acabar el liderazgo legítimo, democrático, profundamente popular, de estos dos dirigentes históricos de la nueva época latinoamericana", apuntó. Señaló que en la actualidad los golpes de Estado "son de otra forma", diferentes a los que se daban en décadas pasadas, y que ahora son "mediáticos" y tienen como objetivo "destruir al ser humano, al líder".
Dijo que desde hace casi dos años se está realizando una "persecución brutal" contra Rousseff y "contra un líder de la honestidad de Lula da Silva" y que "la orden es desaparecerlos, acabarlos" desde los medios de comunicación y "factores del Poder Judicial". "Si algo hay que defender de la presidenta Dilma es su honestidad, su valentía (...) Lula da Silva ha sido el mejor presidente, reconocido así, de la historia del Brasil y es uno de los grandes lideres de este tiempo histórico de la humanidad", agregó.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunció hoy que decidió unificar los cuatro procesos que piden que Rousseff sea despojada de su mandato por supuestas irregularidades en la campaña con la que fue reelegida jefe de Estado en 2014. Lula, por su parte, es investigado por supuestos delitos como lavado de dinero y falsificación y, aunque la mandataria lo nombró ministro de la Presidencia, no ha podido ser investido por causa de unas medidas cautelares en su contra.
