Son conscientes del riesgo que corren al embarcarse, incluso de la alta probabilidad de que no todos lleguen a destino y de la manipulación de las mafias que trafican con personas y que –en este caso- juegan con ventaja. Los viajes se organizan por el boca a boca. Pagan en torno a 1000 euros por plaza por un trayecto en cayuco que dura entre 6 y 7 días, hacinados, en condiciones infrahumanas, y sin posibilidad de dar la vuelta. Las organizaciones humanitarias denuncian en Senegal la estrategia y los engaños de estas mafias, con mentiras como que en España hay muchos muertos por COVID y, por lo tanto, muchos empleos. Y no sólo eso.
Los jóvenes ven en este momento una oportunidad. La pandemia ha paralizado el turismo en el país, se han perdido miles de empleos en este sector y en otros muchos y los senegaleses no ven otra salida. Por eso las ONG advierten de que miles de jóvenes están listos para embarcarse en cualquier momento, mientras decenas de efectivos españoles, de Policía Nacional y GC, trabajan conjuntamente con las autoridades del país para evitar que suban o -en su defecto- localizar y rescatarles antes de que les dejen a la deriva en aguas internacionales. Es su día a día -como nos cuenta en Onda Cero- Héctor de la Roz, capitán jefe del destacamento español de la Guardia Civil en el puerto de Dakar.
La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, anunciaba este fin de semana en Senegal que España va a reforzar la presencia de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional y también ampliará los medios con un boque oceánico y un avión de vigilancia marítima. Y es que en lo que llevamos de año, y pese al parón de marzo a julio, se han registrado cerca de 18.000 llegadas a Canarias y cerca de la mitad en el último mes. Cifras que no veíamos desde la crisis de los cayucos de 2006.