"Creo que no hay más opción que verterla al mar", dijo Harada al ser preguntado por el agua contaminada en una rueda de prensa para hacer balance de su tiempo al frente del ministerio, un día antes de que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, reforme su Gabinete.
Desde el accidente de la planta atómica Fukushima Daiichi en 2011, la compañía propietaria de la central, Tokyo Electric Power Company (Tepco), ha acumulado más de 1 millón de toneladas de agua altamente radiactiva usada para refrigerar los reactores dañados.
De mantenerse el ritmo actual de almacenamiento, Tepco calcula que se quedará sin espacio para 2022, lo que ha llevado a la compañía y al Gobierno central a debatir medidas para gestionar el problema.
Tepco baraja el vertido al océano como una de esas opciones, una medida que todavía está siendo debatida por el panel gubernamental que supervisa el desmantelamiento de la central, pero que ya obtuvo el visto bueno del organismo regulador nuclear nipón.
El comentario de Harada, que expuso como una "opinión personal", es la declaración más directa realizada por un miembro del Gobierno japonés desde que la medida fuera planteada hace unos años y a la que el Ejecutivo retiró su apoyo inicial por la oposición de las asociaciones de pescadores locales, que ven amenazada su actividad.
El agua contaminada se somete a un tratamiento para eliminar todos los isótopos radiactivos a excepción del tritio y posteriormente se almacena en tanques.
El tritio no se considera peligroso para la salud humana por debajo de determinados umbrales que varían entre diferentes países y organismos internacionales y, según Tepco, otras centrales nucleares del país ya realizan vertidos al mar con este elemento en pequeñas cantidades de forma rutinaria.
La propia Tepco ha realizado desde 2015 varios vertidos puntuales de centenares de toneladas de agua procesada con un volumen de tritio de entre los 330 y los 600 becquereles por litro, por debajo de los 1.500 que la ley nipona marca como límite para vertidos.