El primero en pasar por la sala letal del Centro Correccional del Sur de Ohio será Ronald Phillips, aunque el estado tiene programadas otras 26 ejecuciones de aquí a septiembre de 2020 que se han ido acumulando durante los últimos tres años y medio de bloqueo.
Phillips, un hombre blanco de 43 años, será ejecutado si nada lo impide por haber matado en 1993 a la hija de su entonces pareja, una niña de tres años llamada Sheila de la que también había abusado reiteradamente.
La ejecución, programada a las 10:00 hora local (14:00 GMT), ha despertado tanta inquietud que el gobernador de Ohio, John Kasich, ha cancelado su asistencia a la inauguración de la popular feria estatal en Columbus para seguir de cerca los acontecimientos.
En la memoria de todos está la ejecución en enero de 2014 de Dennis McGuire, que había sido condenado a muerte por violar y asesinar a una mujer embarazada de siete meses y medio.
Fue una de las primeras ejecuciones en las que se experimentó con un controvertido fármaco (midazolam) para sedar a los reos ante la escasez de otros componentes y salió mal: McGuire no estaba dormido cuando los fármacos letales hicieron su efecto.
Después ocurrieron casos parecidos, o incluso más dramáticos, en Arizona y en Oklahoma, donde un preso agonizó durante 43 minutos.
Los litigios en contra del midazolam se fueron acumulando y su constitucionalidad llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en junio de 2015 autorizó su uso con el voto favorable de los cinco magistrados conservadores y contrario de los cuatro progresistas.
Pese a la luz verde del Supremo, el midazolam quedó prácticamente en desuso, y de las 39 ejecuciones realizadas en 2013 se pasó a 20 en 2016, la mayoría con un fármaco llamado pentobarbital al que solo Texas, Georgia y Misuri tienen acceso.
Litigios a un lado, el difícil acceso de los estados a los fármacos ha sido la principal causa del descenso de las ejecuciones en los últimos años, desde que las empresas farmacéuticas, presionadas por activistas, comenzaron a negarse al uso de sus productos para la pena de muerte.
En la ejecución de Phillips, Ohio probará de nuevo con midazolam como parte de un cóctel de tres medicamentos que, idealmente, deberían acabar con su vida sin que él se de cuenta.
A la inyección con midazolam le seguirá una dosis de bromuro de rocuronio, que le paralizará los músculos, y una tercera de cloruro de potasio, que detendrá el funcionamiento de su corazón.
Arkansas, Alabama y Virginia han ejecutado presos este año con combinaciones parecidas, y aunque en algunos casos han surgido problemas, no se han llegado a encender las alarmas como en 2014.
Ante la perspectiva de 27 ejecuciones en los próximos años (4 en 2017, 10 en 2018, 9 en 2019 y 4 en 2020), opositores a la pena de muerte han entregado 27.000 firmas a Kasich con la petición de que use su poder como gobernador para conmutar las penas de los reos.
"No deben conocernos como la Texas del norte cuando se trata de la pena de muerte", dijo al diario The Statehouse News Bureau un activista contrario a la pena de muerte, Tom Smith, en referencia al estado sureño, que es el que, con diferencia, más presos ha ejecutado.
En el pasado Kasich perdonó la vida a cinco condenados a muerte, que ahora cumplen cadena perpetua, pero nada hace pensar que Phillips vaya a ser el sexto.
Ohio tiene en su corredor de la muerte a 139 presos, incluidos los 27 que pretende ejecutar hasta 2020. Desde que el Supremo reinstauró hace cuatro décadas la pena de muerte en Estados Unidos, el estado ha ejecutado a 53 presos.
