Convocada por la oposición con el aval del Parlamento, que ha invocado el derecho constitucional a la desobediencia cuando el Gobierno atropella la democracia, el plebiscito tiene el respaldo de importantes actores del tejido económico, cultural y civil del país. Las reacciones que ha suscitado muestran con claridad la ruptura completa entre los poderes públicos, y de algunos de estos con buena parte de la sociedad en Venezuela.
El referendo -que pregunta también a los venezolanos si quieren la convocatoria de elecciones y piden a los militares que defiendan la Constitución vigente- ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por el diputado oficialista Pedro Carreño, que pide que sea declarado nulo y lo tacha de "plan golpista".
Pero poco importa a quienes apoyan la consulta lo que diga el Supremo, un tribunal acusado de servir al Gobierno de Maduro cuya legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la fiscal general, Luisa Ortega, que también se ha rebelado contra un Gobierno al que recrimina convertir al país en un "estado policial" y practicar "terrorismo de Estado".
Pese a que ha dejado clara la magnitud de la afrenta al Estado y a la Revolución bolivariana que el referendo supone, Maduro no ha adelantado hasta ahora represalias para quienes vayan este domingo a las urnas, como sí prometió actuar contra los que boicoteen el 30 de julio la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto en marcha.
Sin embargo, y para tranquilizar a quienes temen posibles castigos -a través del sistema de distribución estatal de alimentos o a los empleados en empresas públicas-, los impulsores del plebiscito se han comprometido a quemar las papeletas y las listas de participación para que no lleguen a manos del Gobierno.
En estas circunstancias, la mayor inquietud apuntada por opositores y críticos de Maduro viene de los llamados "colectivos", grupos civiles de chavistas armados que algunos consideran "paramilitares" del Gobierno y han asaltado el Parlamento e intimidado a manifestantes antichavistas en los últimos meses.
Su posible presencia en las calles preocupa sobre todo en las zonas tradicionalmente chavistas, en las que el oficialismo niega el menor malestar con el Gobierno y donde la oposición tiene su principal reto cerca de dos años después de la mayoría absoluta las legislativas de diciembre de 2015, las últimas celebradas en la nación caribeña.
Al llamamiento opositor a acudir a las urnas y votar 'sí' a las tres preguntas se han sumado importantes sectores de la sociedad civil como la influyente Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), sindicatos no oficialistas, organizaciones estudiantiles y algunas de las universidades más prestigiosas del país.
Uno de los más sólidos apoyos viene de la Iglesia venezolana, que ha cedido sus instalaciones para la votación y ha reconocido la legitimidad de este referendo contra una Constituyente cuya apuesta por el "Estado comunal" es vista por los obispos como una vía a la "constitucionalización de una dictadura comunista" en Venezuela.
La consulta cuenta con el dinamismo que le dan los miles de ciudadanos volcados en las labores organización como voluntarios, quienes han puesto a disposición del referendo mesas, sillas, comercios y automóviles para desplazar votantes. Pero debido al corto tiempo en que se convocó, y al no estar auspiciada por el Poder Electoral, carece de algunos mecanismos de control y no puede asegurar que los ciudadanos no voten más de una vez por persona en todos los centros del país o del extranjero, donde tienen permitido expresarse sin importar dónde están inscritos como votantes.
Los líderes de la coalición opositora han apelado a la conciencia de los venezolanos que vayan a pronunciarse para que no depositen más de una papeleta. Para contrarrestar estas informalidades propias de la naturaleza misma de una consulta organizada contra el Poder Electoral y el Gobierno, los convocantes han encargado a cinco rectores universitarios del país que actúen como garantes, y miles de voluntarios harán de interventores siguiendo el proceso en las mesas.
A este mayor rigor pretende contribuir también la presencia como observadores, a invitación cursada por el Parlamento, de diputados y expresidentes de otros países, como el mexicano Vicente Fox y el colombiano Andrés Pastrana. Consiga la oposición o no movilizar a una parte importante de los venezolanos contra la consulta, la mayor cuestión vendrá el lunes: cómo hacer valer unos votos que no están reconocidos por los poderes llamados a hacerlos efectivos.
