El confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus facilitará que dos millones de niñas sean víctimas de mutilación genital a lo largo de la próxima década y en unas circunstancias perfectamente evitables, según estimaciones de Naciones Unidas con motivo del Día de Tolerancia Cero con esta práctica que se conmemora este sábado.
"Únicamente una acción conjunta, coordinada y con la financiación adecuada", considera la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, "puede poner fin a esta violación de los Derechos Humanos", antes de lamentar que la pandemia es uno de los factores que ha obstaculizado la llegada de los fondos necesarios para conseguir este objetivo.
Para mantener la eficacia de las políticas contra la mutilación genital femenina antes de la pandemia, Naciones Unidas ha pedido alrededor de 2.400 millones de dólares en el transcurso de la próxima década (cerca de 2.000 millones de euros), una cifra que, matiza Fore, solo representa menos de 100 dólares por niña.
"Este es un precio muy pequeño a pagar para preservar la integridad corporal de una niña, su salud y su derecho a decir 'no' a esa violación de sus derechos. Sin embargo, la mayor parte de este dinero no se ha recaudado todavía", explica Fore.
África
Las ONG han centrado sus miradas en África, epicentro de esta práctica. En países como Kenia, una encuesta del Centro de Excelencia Contra la Mutilación Genital Femenina de Amref revelaba un aumento de casos de mutilación y de matrimonios infantiles forzados durante el confinamiento. Las razones principales, apunta el sondeo, se atribuyen al cierre de las escuelas y a la permanencia en casa de las víctimas en los periodos de confinamiento.
Ayuda en Acción, que trabaja junto a la fundación Kirira en la región Tharaka, para erradicar la MGF, estima un aumento del 25% de casos de niñas mutiladas en el último año --hoy la incidencia es de un 30%-- y lamenta que solo ha podido asumir constancia de este repunte tras la reapertura de los colegios, en lo que ha supuesto una revelación descorazonadora.
"Cuando hemos podido visitar a las familias y hablar con el personal sanitario de las comunidades, hemos comprobado que nuestros esfuerzos de estos años no han dado uno, sino dos pasos atrás", lamenta el coordinador de programas de Kirira, James Muthengi.
Factores que han propiciado esta práctica durante la pandemia
Pero hay más factores además del cierre de las escuelas y el aislamiento y uno de ellos es el económico. El desempleo está empujando a antiguas circuncidadoras a retomar sus antiguos trabajos para obtener recursos económicos a través de esta práctica clandestina, ya que en Kenia es una práctica ilegal penada con cárcel. El presidente de la nación, Uhuru Kenyatta, se comprometió en 2019 a erradicar la mutilación en 2022, pero el duro revés sufrido por la COVID-19 hace tambalear las previsiones.
En una situación así y lejos de los centros de poder, la mutilación de las niñas deja de estar en el centro de las preocupaciones de las comunidades y sus líderes. En muchas zonas rurales hay riesgo de un vacío de autoridad que no hace más que aumentar la situación de vulnerabilidad de las niñas, explica la ONG, con su responsable regional de Ayuda en Acción en África del Este y especialista en salud sexual y reproductiva, Marga Sanmartín, a la cabeza.
Esta situación no tiene visos de mejorar a corto plazo. Según datos de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la crisis empujará a 96 millones de personas a la pobreza extrema para 2021, algo que puede llevar a que tanto la mutilación genital como el matrimonio forzado "se utilicen como mecanismos de supervivencia para aliviar la incertidumbre económica".
En este contexto, la aplicación urgente de las vacunas resultará esencial para minimizar los daños. "Sin programas de vacunación universal y equitativa que permitan avanzar hacia el fin de la pandemia, millones de niñas y adolescentes seguirán sufriendo los peores impactos de la desigualdad", subraya Concha López, directora general de Plan International.
Naciones Unidas pide por tanto una acción rápida, concertada y "decidida" en múltiples frentes simultáneos para que "las niñas tengan acceso a educación, a atención sanitaria, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva, así como a medios de subsistencia, y también que estén protegidas por leyes, políticas y nuevas normas sociales"
"Alentemos las habilidades de liderazgo de las adolescentes y sus pares masculinos e inspiremos su poder para hablar y decir 'basta' a todas las formas de violencia, incluidos los ataques violentos a sus cuerpos", concluye UNICEF.
